Panorámica de la actual terminal de ferrocarril de Adif, en la que se situará la nueva estación subterránea del tranvía de Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El Ejecutivo central rechaza tener constancia de toda posible de modificación en el proyecto de construcción de la estación de tranvía en Renfe respecto al diseño que el Ministerio de Movilidad, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante concertaron en el seno de la sociedad Avant -al que se le dio el visto bueno en abril de 2021-, que pudiese justificar un retraso en su construcción. Esa es, cuando menos, la respuesta facilitada a una pregunta parlamentaria registrada por el senador de Compromís, Enric Morera, en la que se apremiaba al Gobierno a detallar si el actual Consell ha dado traslado de alguna variación en esa infraestructura o si, en su caso, se ha comunicado una posible paralización en la tramitación de su construcción.
Lo cierto es que la contestación facilitada es tan tajante como escueta. La respuesta del Gobierno se limita a señalar que "no se han tenido noticias relativas a la modificación o paralización de la actuación objeto de consulta". La respuesta es tan breve que no llega ni a referirse a la segunda de las cuestiones planteadas en esa misma iniciativa. En concreto, Morera también había requerido que se informase sobre "qué autorizaciones tiene pendientes el Ministerio de Transportes, y en que plazo se pueden resolver, para poder dar el inicio a las obras de la estación subterránea del Tram".
La pregunta cobraba sentido después de que, a finales pasado mes de octubre, trascendiese que debía producirse un acuerdo de cesión de uso de los terrenos en los que construir la nueva estación como paso lógico previo para que la Generalitat pudiese dar inicio a sus obras.
El pacto necesario Consell-Adif: la cesión de suelo para la estación del Tram, al margen de su contrato
De hecho, esa circunstancia fue la que motivó el desarrollo de un primer encuentro entre representantes del ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de la Conselleria de Agua, Medio Ambiente e Infraestructuras y del Ayuntamiento de Alicante, el pasado noviembre, en la que se pusieron sobre la mesa las posibles fórmulas en las que podría encajar ese acuerdo de cesión de los terrenos.
Eso sí, en todas esas propuestas, Adif requería que se estableciese algún tipo de compensación económica, en contra de lo que había solicitado la Generalitat, toda vez que es la administración que debe asumir el coste de construcción de la nueva terminal subterránea, para la que el anterior Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem EU) fijó un presupuesto de licitación de 132 millones.
Una de las opciones de más peso entre las defendidas por Adif planteaba que se acordase una concesión del uso y ocupación del suelo por un plazo de 75 años que debía conllevar una contraprestación diferida, en forma de transferencia de derechos urbanísticos de edificabilidad, una vez que se completase la reurbanización de los terrenos liberados de las vías del ferrocarril en la denominada Operación Integrada número 2.
No obstante, ese primer encuentro se cerró sin ningún acuerdo definitivo, a la espera de que se pudiese convocar nuevas sesiones de trabajo a lo largo de este mes de diciembre para adoptar una decisión definitiva tras el estudio de las distintas opciones planteadas, entre las que también figuraría la posibilidad de que la Generalitat abordase una expropiación del suelo de Adif, por ejemplo.
Por lo pronto, no ha trascendido todavía que se haya concertado ninguna nueva reunión para tratar de llegar a un entendimiento final, aunque todo parece indicar que el próximo encuentro podría celebrarse después del puente de la Constitución. Y, entre tanto, tampoco se ha cerrado el proceso de licitación concertado para la construcción de la terminal, que sigue pendiente de que se formalice una propuesta de adjudicación oficial entre los diez licitadores que concurrieron al concurso, después de que se conociesen las ofertas económicas presentadas.
Además, tampoco se ha previsto ninguna dotación económica específica para su construcción en la propuesta de presupuestos de la Generalitat para 2024, aunque, tras su presentación, sí se manifestó el compromiso de que pudiese quedar consignada al menos una primera partida en las cuentas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) como empresa pública encargada de su construcción. El importe restante quedaría demorado a un plan plurianual. En todo caso, las cuentas de FGV seguirían todavía pendientes de aprobación.
Sea como fuere, fuentes de Compromís señalaron que, a la vista de la respuesta concedida por el Gobierno a la pregunta parlamentaria formulada por Morera, "vamos a seguir presionando al gobierno de la Generalitat para que no paralice esta inversión necesaria para la transformación urbana y la movilidad sostenible".
Al tiempo, las mismas fuentes instaron al alcalde de Alicante, Luis Barcala, "a dar explicaciones, no poner palos en las ruedas a que llegue la mayor inversión autonómica a la ciudad", en relación a las manifestaciones en las que abogó por repensar el conjunto de la Operación Integrada número 2 (OI/2). Por último, Compromís también instó a Adif a "agilizar los permisos pendientes" y exigió a Mazón "que no ejecute el mayor recorte inversor a la ciudad de Alicante".
