Fopa emplaza a las administraciones a contener las bajas en los concursos para evitar obras inacabadas

ALICANTE. La Federación de Obras Pública de la provincia de Alicante (Fopa) toma posiciones respecto al goteo permanente de inversiones públicas expuestas a paralizaciones o rescisiones de contratos con un llamamiento al conjunto de administraciones para que modulen las condiciones de sus concursos, de forma que no acaben convirtiéndose en meras subastas que primen la competencia de precio en las que se dé por ganador a la oferta más baja. 

En esta línea, representantes de la federación ya han mantenido varios encuentros con responsables del Gobierno y de la Generalitat, que se extendieron este lunes hasta el Ayuntamiento de Alicante, con el propósito de solicitar la inclusión de fórmulas matemáticas en forma de parábola a la hora de valorar el factor precio de las ofertas presentadas, de modo que no se puntúe el mejor importe de una forma lineal, sino que pueda asignarse una mayor puntuación al respecto a partir de la media de los precios propuestos. 

Con ello, se dejaría de incentivar que cada convocatoria acabase convirtiéndose en una carrera entre empresas por ofrecer el precio más bajo, lo que, a la postre, acaba conllevando retrasos, incumplimientos y abandonos o rescisiones de contratos ante la imposibilidad real de que las empresas ganadoras puedan asumir la obra al precio comprometido. La rescisión contractual es, de hecho, la decisión que se ha tenido que adoptar en varias de las iniciativas desplegadas en Alicante, como la reurbanización de la Plaza de San Blas, la construcción del parque del barrio de La Torreta o la reforma de la avenida de Jijona, por ejemplo.

Al tiempo, en esos encuentros -como sucedió con la reunión desarrollada con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la edil de Urbanismo, Rocío Gómez- también se estaría trasladando a los dirigentes públicos la necesidad de los procesos de licitación primen en mayor medida la calidad de las propuestas, y no tanto el precio, para apostar por una buena ejecución posterior.

Precios justos

A ello se añadiría, además, un tercer requerimiento con el mismo propósito constructivo de evitar incidencias. Se trataría de procurar precios justos para el desarrollo de cualquier inversión, actualizados al valor de mercado de los materiales de la construcción, ya que, con ello, se evitaría que muchas licitaciones quedasen desiertas por falta de aspirantes interesados. 

Máxime si se tiene en cuenta la evolución experimentada a lo largo de 2022, que habría quedado ligeramente atenuada en 2023, aunque seguiría registrando aumentos de entre el 5 y el 8%. La ecuación, sencillamente, no cuadra si se tiene en cuenta que el margen de beneficio de las empresas para poder competir en precio se queda muchas veces en torno al 2%, lo que impide que llegue a optarse a muchas licitaciones.

Fuentes de Fopa consultadas precisaron que esas prácticas ya se están comenzando a introducir en las nuevas licitaciones puestas en marcha por varias administraciones. Entre ellas, el mismo Ayuntamiento de Alicante. Con todo, apremiaron a seguir trabajando en esa dirección y a considerar, en su caso, la posibilidad de acordar la exclusión de ofertas en el caso de que incurran en baja temeraria.

En esta línea, en el encuentro mantenido este lunes los representantes de la delegación de Fopa, encabezada por su presidente, Javier Gisbert, trasladaron a Barcala y Gómez, la importancia de la inversión pública en materia de obra pública como herramienta de generación de riqueza y de creación de empleo estable. Sobre todo, en la medida en que, según estudios de Fopa, cada millón de euros de inversión pública en cualquier proyecto genera de manera directa y con carácter estable 25 puestos de trabajo.

En esta línea, el mismo Gisbert precisó, a través de un comunicado, que "hemos defendido la necesidad de mejorar la ciudad, como han hecho otras como Málaga, Córdoba, Valencia… porque está contrastado que cada millón de euros que se invierte redunda en 25 puestos de trabajo directos, pero además revaloriza las propiedades de la zona, hace más atractiva a la ciudad y mejora las condiciones de vida de los vecinos como su atractivo para sectores como el turístico, tan importante en Alicante".

Además, los representantes de Fopa coincidieron con Barcala y Gómez en la necesidad de hacer pedagogía y trasladar a la ciudadanía "el valor social" de la obra pública, pese a entender que la ejecución de los trabajos "pueda ser molesta para los residentes y los negocios de la zona, pero debe entenderse como una mejora, como una apuesta por el futuro y para no perder competitividad con respecto a otras ciudades que, o ya han hecho este tipo de actuaciones o están en ellas", concretó Gisbert.

200 millones en obras

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, detalló a los representantes de Fopa que la puesta en marcha del paquete de inversiones de transformación urbana diseñadas por el ayuntamiento desde el pasado mandato, entre las que se incluyen la reforma de plazas y parques, y la reurbanización de calles con motivo de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), incluyen actuaciones por un montante global próximo a los 200 millones, en los que se incluyen fondos propios, además de las aportaciones procedentes de fondos europeos.

En este sentido, manifestó que el equipo de gobierno sigue "apostando por la reurbanización y la mejora integral de todos los barrios de la ciudad" y añadió que el objetivo de este mandato es poner en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), además de que se acometan otras actuaciones pendientes como la reurbanización de la avenida de Aguilera, en la que se contempla la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo, así como la finalización de la Vía Parque, bajo competencia de la Generalitat.

En el encuentro, por parte de Fopa, acudieron -al margen del presidente, Javier Gisbert (Gestaser)- la secretaria general, Rosa Vinal; Enrique Cabañero, vicepresidente (Pavasal); Eduardo Griñán (Eiffage); José Luis Galán Hurtado (ACSA-Sorigué); Gerardo Quero (Grupo Bertolín); Francisco Torres (Grupo Alcudia); Ignacio Membrives (Grupo Alcudia); Santiago Villalón (Aceinsa); José Miguel Romero (Tecopsa); Gerardo del Río (Guerola); Vicente Xirivella (Acciona); Jesús Martínez (CHM); Martín Veracruz (FCC); Gonzalo Rodríguez (Doalco); Ignacio Estevan (Aitana) y Juan Manuel Valdivieso (Becsa).