ELCHE. Finalmente, el Ayuntamiento de Elche ha acordado interponer un contencioso administrativo contra la resolución dictada por la Directora Territorial de Educación, Investigación y Cultura, relativa al inmueble de la sala de venta de agua de Nuevos Riegos El Progreso, en la que se decía que el Consistorio se había saltado la ley al adjudicar las licencias de construcción y había que suspenderlas. Al estar en desacuerdo con esta resolución, la administración local amenazó con interponer a Conselleria un contencioso administrativo, algo que ahora ha aprobado ejecutar.
Un contencioso que se interpondrá ya que desde la Dirección Territorial de Cultura no se ha contestado al requerimiento enviado por el Ayuntamiento en abril para que modificara o revocara la resolución dictada en marzo. Esto supondría retrotraer el expediente a la situación inicial en que las licencias se otorgaron correctamente —algo que han defendido en varias ocasiones desde Urbanismo—, lo que supondría finalmente la demolición de la centenaria sala de venta de agua y la fachada de Nuevos Riegos El Progreso, hoy apuntalada, para proceder a levantar un nuevo inmueble.
Una situación que viene del 24 de febrero de 2017, cuando se concedió una licencia de construcción a los propietarios del edificio —los hermanos Pomares Mollá y Antón Boix—, para construir un inmueble con sótano, planta baja y cuatro pisos para locales comerciales. Posteriormente, el 27 octubre del mismo año se acordó conceder la licencia de demolición, pero el 10 de enero de 2018, in extremis, la Dirección General ordenaba la suspensión cautelar de las licencias para estudiar la situación. Tras repasar la documentación y el expediente, en marzo, la Conselleria resolvió que el Ayuntamiento se había saltado la ley al adjudicar las licitaciones y había que suspenderlas. En su defensa, el tripartito argumenta que se les había aplicado una ley posterior al momento de adjudicar las licitaciones, por lo que dicha resolución no era válida, una “incongruencia más” como otras que había denunciado previamente.
En abril de este año, la Junta de Gobierno aprobó enviar un requerimiento a la Conselleria para que se planteara su postura respecto a la resolución dictada. Al no haberlo hecho, porque no ha contestado dentro del mes que tenía de plazo, el Ayuntamiento llevará a los tribunales a la administración autonómica, metiendo presión para ver qué fichas juega. En el caso de que prospere el contencioso y se dé la razón a la corporación ilicitana, las licencias volverán a activarse, lo que supondrá definitivamente la demolición de la sala de venta de agua y fachada de Nuevos Riegos El Progreso y la ulterior nueva obra.
