ELCHE. Tras el duro informe de la Conselleria de Cultura sobre la gestión del Ayuntamiento en el caso de Nuevos Riegos El Progreso, en el que indicaba que se habían saltado la ley al adjudicar las licitaciones y había que suspenderlas, el equipo de gobierno ha respondido con un detallado informe de una treintena de páginas en las que explica que se les está aplicando una ley posterior al momento de adjudicar las licitaciones, como ya adelantó. Por eso, desde Urbanismo piden que se retrotraigan las actuaciones con el inmueble, que se reconsidere la postura de Cultura con su informe, o de lo contrario recurrirán al contencioso administrativo.
En el informe, firmado por técnicos responsables del área de Urbanismo en el que se solicita retrotraerse al expediente inicial del edificio, se explica que la modificación de la ley de Patrimonio que contempla la figura de Bien de Relevancia Local (BRL) al Núcleo Histórico Tradicional fue aprobada en abril de 2017. Sin embargo, la concesión de las licencias a los propietarios de Riegos El Progreso fue otorgada en febrero del mismo año, por lo que no habría lugar para el duro expediente ni la protección del edificio. Por lo tanto, esa protección BRL no estaba en vigor cuando se aprobaron las licencias de demolición. También especifican que el Núcleo Histórico Tradicional no está incluido “ni siquiera con carácter provisional”, dice el informe municipal, en el inventario general de patrimonio cultural valenciano referente a los BRL, en la que sí constan otras edificaciones municipales incluidas por iniciativa autonómica.
Con la solicitud de retrotraer las actuaciones de Conselleria de forma integral, es decir a la suspensión cautelar y la protección de la fachada, que podría quedar desprotegida. Lo que significa que los propietarios podrían seguir adelante con el derribo. En cualquier caso, es un requerimiento que si la Conselleria no admite, que podría ser lógico por el expediente emitido, acabaría en el contencioso administrativo al que el Ayuntamiento tiene intención de llegar si no se soluciona antes el asunto. Es una decisión además adoptada por unanimidad en la junta de gobierno, es decir, también por parte de Compromís, la formación que está a la cabeza de esta área del Govern del Botànic.
Asimismo, desde Urbanismo defienden que la Dirección Territorial de Cultura tendría que haber solicitado al Ayuntamiento informe de la situación del inmueble antes de actuar. También en defensa de las actuaciones realizadas, el edil del área, José Manuel Sánchez, volvió a recordar que fue la Conselleria la que aprobó el actual Plan General en 1998, en el que se desprotege el edificio —aunque algunos colectivos defienden que esa desprotección es al menos interpretable—. Las licencias urbanísticas concedidas se solicitaron en 2007, en 2011 se concedieron las de demolición y las de concesión urbanística en 2017. Así pues, ahora la pelota pasa al tejado de la Generalitat, que tendrá que decidir qué hace, si ceder a la solicitud del equipo de gobierno y retrotraerse a la situación inicial de la sala de venta de agua, derruida en su interior, o defender su expediente y que sean los tribunales los que decidan.
Como ya se ha visto en pasadas fechas y se pedía desde Urbanismo, es Conselleria quien tiene las competencias máximas en la protección del patrimonio, de ahí la suspensión cautelar. Sin embargo, visto el informe municipal, en el caso de que haya actuado aplicando una ley de forma retroactiva cuando no puede ser, podría ser la encargada de asumir este desaguisado que se ha estirado bastante tiempo. Si sigue manteniendo su posición, las dos administraciones quedarán expectantes ante la decisión de un juez.
