El alcalde y el edil de Recursos Humanos, Gabriel Echávarri y Carlos Giménez, en la toma de posesión de nuevos funcionarios. Foto: APALICANTE. PSOE, Guanyar y Compromís aprobaron finalmente este jueves en Junta de Gobierno el presupuesto municipal de 2017 en el primer paso de su recorrido administrativo oficial. Lo hicieron sin los sobresaltos ni las discusiones internas que sí se registraron en el debate de las cuentas del año pasado, cuando el Ministerio de Hacienda obligó al Ayuntamiento a aplicar ajustes por más de cuatro millones, con la consiguiente tensión entre los tres socios sobre las áreas en las que debían aplicarse los recortes.
En esta ocasión, como informó Alicante Plaza, el ministerio ha bendecido el presupuesto sin ajustes adicionales. Y las dos principales claves de la propuesta tienen que ver, precisamente, con el reto de superar esa tutela que Hacienda ejerce sobre el Ayuntamiento desde el año 2012, bajo la etapa de Gobierno de la popular Sonia Castedo. De acuerdo con la información contemplada en el expediente, el presupuesto se cierra con un superávit de más de dos millones de euros, al contabilizarse unos ingresos de 245.773.519,33 euros y unos gastos de 243.882.176,16 euros. No se contempla la contratación de nuevos préstamos y, además, se prevé cancelar deuda financiara por un importe de 20,4 millones, de lo que se colige que la apuesta fundamental es sanear la contabilidad municipal para dejar de depender de definitivamente del departamento de Cristóbal Montoro. De hecho, Compromís ya ha activado una iniciativa política en este sentido y tanto Alcaldía como la Concejalía de Hacienda vienen trabajando desde finales de año en una petición formal institucional para que el Gobierno central ponga fin al plan de ajuste municipal, vigente hasta 2022.
Sobre las inversiones, no hay grandes novedades: la cifra se mantiene en torno a los 9,5 millones (9,8 si se consideran los organismos autónomos) con los que se venía trabajando desde octubre (el techo de gasto era de 10 millones), que se destinarán a las obras de ampliación del cementerio o a la ejecución de los proyectos previstos en la reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciados por la Unión Europea. Según la propuesta, este año se destinarán 3 millones a ese fin, 900.000 euros de los cuales se derivan a la redacción de proyectos.
En el apartado de ingresos, se tiene en cuenta la reducción del 5% en el tipo impositivo del IBI para absorber los efectos de la actualización de los valores catrastrales en ese mismo porcentaje. Se reduce un millón los ingresos obtenidos por la llegada de residuos procedentes de municipios de Valencia, tras la eliminación del llamado cuarto turno en la planta de tratamiento de Fontcalent. En impuestos directos se prevé recaudar 127 millones y otros 9 en indirectos. En tasas, otros 35. Los gastos de Personal ascienden a 89 millones.
El acuerdo de Junta de Gobierno se trasladará ahora a la Comisión de Hacienda en la que deberán pronunciarse todos los grupos políticos con representación municipal. Deberá convocarse a lo largo de la próxima semana, ya que, según las fuentes consultadas, la intención es poder celebrar el pleno para el debate de las cuentas el próximo 16 de marzo. El tripartito, en situación de minoría, necesita del apoyo o la abstención de al menos un concejal de otro grupo político para que las cuentas se aprueben. El alcalde, Gabriel Echávarri, volvió a reiterar este jueves que todos los grupos municipales, incluido el de los no adscritos, tendrán oportunidad de presentar enmiendas y que se estudiarán.
La aprobación del presupuesto en Junta de Gobierno ratifica los acuerdos previos aprobados en los cuatro organismos autónomos este miércoles sobre sus propias cuentas: Agencia de Desarrollo Económico, Patronato de Turismo, Patronato de Escuelas Infantiles y Patronato de Vivienda. El tripartito obtuvo el respaldo de Ciudadanos (C's) en los tres primeros entes. Sin embargo, se abstuvo en el del Patronato de Vivienda por las dudas que había reflejado el interventor sobre la situación laboral de la plantilla del patronato que, entro otros puntos, afectaba a una de las propuestas que se contemplaban: el ascenso de la esposa del gerente del Patronato, Gaspar Mayor, al puesto de adjunta a la Gerencia.
Ese punto motivó el jueves la crítica del PP, después de que se filtrase la información sobre el acuerdo (avalado por el informe del secretario municipal y también por el interventor, aunque con la mencionada salvedad) que incluye mejoras sobre otros nueve trabajadores del ente autónomo. Los populares aseguraron que es un punto más que justifica su previsible rechazo a los presupuestos cuando se eleven a pleno.
¿Qué opina el tripartito? La edil de Vivienda, Julia Ángulo (Guanyar), tomó la palabra este jueves, en la misma Junta de Gobierno en la que se aprobaron los presupuestos municipales, para explicar que su intención era aplicar determinados cambios para cumplir las recomendaciones puestas de manifiesto por el interventor. En concreto, como explicó después a través de un comunicado, "el interventor recomienda, por primera vez desde que se creo el Patronato, la normalización de los empleados de este organismo que según el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece que deben ser funcionarios".
Así, en cumplimiento de las directrices del interventor, Angulo anunció en el seno de la Junta General que se iniciará de inmediato la transición para adaptación de la plantilla a la Ley 7/1985. Según el mismo comunicado, la edil entiende que la variación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) debe someterse a la mesa negociadora, como le han trasladado los representantes sindicales en el ayuntamiento. En este caso, ese trámite no se había dado.
Por último, la edil anunció que, entre otras medidas, se va a recuperar la Comisión Ejecutiva, un instrumento de control y supervisión del Patronato que debe encargarse de elaborar los presupuestos del ente autónomo, según establecen sus propios estatutos, y que además revisará su cumplimiento para garantizar la transparencia de la gestión de un ente autónomo en el que, según fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza, se ha dejado actuar con excesiva autonomía desde hace años.
Por lo que concierne al ascenso concreto de la esposa de Mayor, con la que el gerente contrajo matrimonio cuando ella ya formaba parte de la plantilla del patronato, Angulo admitió que se trata de un acuerdo ya aprobado que mantiene su vigencia. Lo cierto es que al margen de que pueda resultar una decisión ética y estéticamente discutible, se aprobó con informes favorables de los máximos garantes de la legalidad del Ayuntamiento. Incluso pese a que fuese el propio Mayor -al frente del Patronato con un alto grado de autonomía desde hace unos 30 años con Gobiernos del PSOE, del PP y ahora del tripartito- quien firmase el expediente de la propuesta, ya que al ser él el gerente, se trataba de su responsabilidad. Las fuentes consultadas precisaron, además, que su esposa llevaba años ejerciendo de facto como número 2 del Patronato (se le ha llegado a dar el apelativo de "la regente") y que ahora sólo se había formalizado su ascenso. No obstante, Angulo añadió que ese ascenso podría ser una situación que podría cambiar durante la fase de enmiendas. "No sabemos que va a proponer la oposición", dijo, con lo que dejó abierta la posibilidad a que pudiese anularse.
