El alcalde, Luis Barcala, y el edil de Hacienda, Carlos Castillo, en un encuentro con la directiva de Uepal.ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante trata de dar el primer impulso a su gestión, después de un mes al frente de la segunda ciudad de la Comunitat en el que no ha convocado ni una sola comisión municipal, con un acuerdo económico para el que necesita el respaldo explícito o tácito de la oposición al requerir más votos a favor que en contra (mayoría simple) para que llegue a aprobarse. Se trata de una propuesta de modificación de crédito -la primera sobre el presupuesto de 2018 aprobado a finales de marzo por el PSOE con el apoyo de Guanyar, Compromís y del edil no adscrito, Fernando Sepulcre- en la que se incluye la dotación de 3,2 millones en créditos extraordinarios, bajas por anulación por otros 2,6 y la consignación de otros 11,5 millones en partidas como suplementos de crédito.
A grandes rasgos, la operación tiene una finalidad concreta: la reducción de la deuda que arrastra el Ayuntamiento, heredada precisamente de la etapa de Gobierno del PP. De hecho, 10,1 de los 11,5 millones en los que se amplían partidas ya creadas se destinan precisamente a cancelar anticipadamente parte de los préstamos concertados con motivo del plan de pago a proveedores al ser los que se pagan con el interés más alto, según recoge la propia propuesta de acuerdo (el 1,311%). ¿De dónde se obtienen esos 10,1 millones? De las obras municipales que iban a financiarse con el remanente del presupuesto del año 2016 como inversiones financieramente sostenibles que no han llegado a licitarse ni durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), ni durante la etapa de Gobierno del PSOE en solitario. En su conjunto, se había previsto actuaciones por cerca de 23 millones. Sin embargo, sólo estarían en diversas fases de tramitación o ejecución proyectos por algo menos de la mitad de ese importe. En la Junta de Gobierno de este miércoles, por ejemplo, se aprobó la adjudicación de nueve de esos proyectos por un importe de 2,7 millones, según precisaron fuentes municipales. Con esa cifra, desde su llegada al poder, el PP habría culminado la tramitación de 30 proyectos acordados por el tripartito por un importe de 6,6 millones, según las mismas fuentes.
El edil de Hacienda, Carlos Castillo, apuntó que se plantea la amortización de deuda por el bajo nivel de ejecución de esas inversiones sostenibles, ya que se trata del mecanismo legal establecido para el uso de las cantidades no gastadas. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se prorroga la posibilidad de destinar el superávit municipal a esas inversiones a lo largo de todo este ejercicio. Sin embargo, la propuesta de acuerdo subraya que esa Ley de Presupuestos sigue sin estar aprobada de forma definitiva. Así, el equipo de Gobierno del PP ha optado por no jugársela y renunciar a esa posibilidad para no quedar atrapado por los plazos administrativos de licitación de esas obras pendientes.
La explicación cobra más sentido todavía si se tiene en cuenta la negociación que, según el alcalde, Luis Barcala, él mismo entabló con representantes del Ministerio de Hacienda -este martes, en su visita a Madrid- para estudiar la cancelación o modificación del Plan de Ajuste que pesa sobre el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2012 hasta 2022. Según el primer edil, en ese encuentro se puso sobre la mesa del departamento de Cristóbal Montoro los datos justificativos sobre la mejoría de la realidad contable del Ayuntamiento, "algo que no se había hecho hasta ahora y sobre lo que sólo se había remitido una carta para pedir que se cancelase el plan de ajuste, sin más". Por el momento, según el primer edil, el ministerio estaría barajando qué opciones existen para que se concrete una u otra solución: la cancelación o la modificación del plan de ajuste para que se suavicen las condiciones de la intervención sobre el Ayuntamiento.
Barcala también precisó que en esa visita a Madrid, se reunió con responsables del Sepes para impulsar el convenio por la ampliación del suelo industrial en el polígono de Las Atalayas (un proyecto que inició la edil de Compromís, Sonia Tirado, y que culminó el socialista Carlos Giménez). Además, señaló que también había mantenido una reunión con responsables de la Secretaría de Estado de Infraestructuras para reivindicar proyectos pendientes como la conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche; la retirada de la llamada vía de la vagoneta que todavía impide el tránsito peatonal en los terrenos del soterramiento de las vías de Renfe o la ejecución de la futura estación intermodal.
Los 'populares' necesitan al menos el voto a favor de Ciudadanos y de uno de los dos ediles no adscritos para que la modificación de crédito prospere, en el caso de que PSOE, Guanyar y Compromís no la respalden
Sea como fuere, lo cierto es que la maniobra económica del PP no podrá desarrollarse sin el respaldo de los grupos de la oposición. El PP gobierna desde el pasado 19 de abril con solo ocho concejales en una corporación de 29 ediles, así que necesita apoyos externos. Para tener garantizada la mayoría simple, le resultarían necesarios al menos los votos de los cinco concejales de Ciudadanos (Cs) y de uno de los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte. Así, la propuesta se aprobaría pese a un hipotético rechazo de PSOE, Guanyar y Compromís. Por el momento, se desconoce cuál podría ser su posición, aunque todo parece indicar que podrían rechazar la propuesta si se tiene en cuenta que no se incorporan parte de las peticiones formuladas por esos grupos durante la negociación del presupuesto de este año y que quedaron recogidas a través de un documento anexo como compromisos políticos del PSOE (el llamado documento número 25). Entre esas peticiones figuraba la ampliación de la partida de ayudas de emergencia, que debía dotarse con otros 500.000 euros.
En la propuesta de modificación de crédito del PP sí se mantienen otras de las iniciativas planificadas por el anterior equipo de Gobierno como la ampliación de la partida necesaria para licitar el traslado del BIC de Torre Placia, en cumplimiento de la sentencia judicial que llegó a plantear la demolición de las viviendas construidas de manera indebida en su entorno de protección. A ese fin se plantea destinar ahora un millón de euros. Además, se derivan más de 800.000 euros a obligaciones pendientes de dotación presupuestaria; se asignan otros 673.000 euros para "dar continuidad a la contratación del servicio de mejora de eficiencia energética en el alumbrado público en el ámbito de la EDUSI"; se dotan 294.000 euros correspondientes a la aportación del Ayuntamiento a la sociedad AVANT para la contratación de un préstamo participativo sobre sus gastos operativos; se añaden otros 310.000 euros para el desarrollo del convenio suscrito con la Generalitat para la primera fase de la rehabilitación de viviendas de Ciudad Elegida; y otros 144.000 para la ejecución de las obras de la Plaza de Lo Cheperut, entre otras.
El objetivo del PP es plantear la modificación de crédito para su debate en el pleno ordinario de mayo, el próximo jueves. La comisión de Hacienda se ha convocado para el próximo lunes. Su desarrollo podría ser un anticipo de las posiciones que cada grupo político mantendrá en el pleno.
