El pacto de 'la prórroga' por el que Echávarri no contempla dimitir

ALICANTE. Ya hay firma. PSPV y Compromís, dos de los tres partidos aliados en el todavía tripartito de Alicante (socios preferentes tanto en el Consell como en cerca de 300 municipios de toda la Comunitat, además de en la Diputación de Valencia), renovaron sus votos este jueves para permanecer juntos al frente del Ayuntamiento al menos hasta el 31 de diciembre. Al margen de la anecdótica llamada a Guanyar, invalidada cuatro horas después en el pleno, esa fecha se mantendrá vigente salvo que, antes, se agrave alguna de las dos investigaciones que afectan al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri: la que se sigue en relación al supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y la relacionada con el despido de una trabajadora municipal cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

Los términos trascendentales de ese acuerdo ya son conocidos. Pese a que hubo modificaciones (se eliminaron referencias a Guanyar y la inclusión del listado de prioridades de gobierno, por ejemplo) a lo largo de todo el miércoles (y también durante la mañana del jueves, cuando se practicaron retoques de carácter mínimo), se trata de un compromiso que marca las condiciones de lo que, de momento, no es más que una prórroga: Compromís sólo garantiza su continuidad en el gobierno junto al PSPV por un tiempo limitado. Si en el arranque de 2018 esas dos investigaciones continúan abiertas, debe activarse el relevo de Echávarri en la Alcaldía. Y en caso contrario, Compromís dejará sus competencias y pasará a la oposición. Así que, tras la intervención de las ejecutivas autonómicas de los dos partidos, todo queda ya supeditado únicamente a la acción de la justicia.

La implicación de las direcciones regionales de PSPV y Compromís queda retratada en ese llamado acuerdo de refundación del pacto. Sin la mediación de esas instancias, muy probablemente no se habría producido ninguna negociación en busca de posibles soluciones. Existen dos evidencias al respecto: primero, nunca ha llegado a convocarse la comisión de seguimiento del pacto reivindicada por Guanyar y Compromís, después de que trascendiese la imputación de Echávarri por el caso Comercio; y segundo, el propio primer edil había dicho que, aunque no fuese el mejor escenario posible, él y su grupo de concejales (seis en total) estaba dispuesto a gobernar en solitario si se producía el abandono de sus socios.

Sea como fuere, las cúpulas de PSPV y Compromís no podían permitirse el divorcio en toda una capital de provincia, y segunda ciudad de la Comunitat, pese a que las fricciones políticas entre ambos se hayan intensificado en los últimos meses en otras plazas. Incluso en el Consell. Así que se tenía que intentar una solución que permitiese recuperar la confianza mutua con un nuevo régimen de funcionamiento tutelado, supervisado y monitorizado en lo sucesivo desde València. De hecho, los dos partidos pusieron este jueves en valor el esfuerzo realizado para dar estabilidad a la ciudad de Alicante. Compromís había llegado a dar una fecha concreta para su salida (el pleno de este jueves) si los socialistas no cumplían una condición que en este momento resultaba inasumible y, además, se consideraba injustificada: el relevo de Echávarri por estar inmerso en dos investigaciones que los socialistas defienden que quedarán archivadas. Pero, aun así, la cúpula regional del PSPV se arremangó para evitar ese abandono con la intención de retener a su socio preferente. Todo, sin atender a que, efectivamente, como había apuntado Echávarri, podía seguir gobernando en solitario, con seis concejales. 

Sea como fuere, la negociación fructificó y el PSPV gana tiempo con un ojo puesto en el juzgado y otro en Fiscalía. ¿Qué se puede esperar ahora de esas dos instancias? ¿Habrá resoluciones que despejen las investigaciones en curso antes del 31 de diciembre? Nadie puede asegurarlo a ciencia cierta. La instrucción en el Juzgado número 9 avanza con rapidez: desde que se abrieron las diligencias, hace un mes, se han acordado cuatro rondas de declaraciones y ya se han celebrado tres. Podrían solicitarse nuevas pruebas pero, según las fuentes consultadas, no demasiadas más. Los hechos que se analizan derivan de una cuestión administrativa con documentos concretos que ya se han solicitado y deben estar en manos de la instructora, como muy tarde, dentro de una semana. 

Las actuaciones seguidas en la Fiscalía sí tienen un horizonte cierto: el 3 de noviembre. El teniente fiscal, José Llor, que instruye el expediente a instancias de una denuncia vecinal, debe decidir antes de esa fecha (cuando se cumplen seis meses de plazo desde su registro) si archiva la investigación o si la deriva a un juzgado para que sea un juez quien la instruya. En caso contrario, las actuaciones decaerán automáticamente. Hasta este jueves, cuando se produjo una última comparecencia de una de las letradas de los servicios jurídicos municipales, no se había tomado ninguna decisión al respecto. Fuentes de Fiscalía consultadas precisaron que Llor sigue analizando las actuaciones, sin llegar a confirmar si se tenía en consideración el escrito publicado por Echávarri en su cuenta de Facebook después de que se produjese el despido de la familiar de Barcala, en el que reconoció que pudo haber acelerado el expediente de despido después de que el PP presentase la denuncia del caso Comercio. El primer edil sostuvo el miércoles, tras prestar declaración ante el fiscal, que ese escrito no figuraba en la investigación.

Lo cierto es que, tras la firma del acuerdo con Compromís, Echávarri no contempló su posible dimisión para que se produzca la elección de un nuevo alcalde, en alguno de los escenarios que ese acuerdo establece como condición para que los nacionalistas continúen en el equipo de gobierno. Dijo que, si a fecha del próximo 31 de diciembre no hay una variación de su situación jurídica o se produce un agravamiento de la misma, "no se llevaría a cabo lo contenido en el documento". Es decir, que el pacto que se acababa de firmar quedaría roto. O lo que es lo mismo, que no barajaba su renuncia. Como recoge la agencia Efe, al ser preguntado sobre si se había comprometido a dimitir si en esa fecha no había despejado sus causas judiciales, el alcalde contestó que "no" habla de "cuestiones futuras" y que "nunca" lo había hecho. "Desde iniciado el procedimiento, he dicho que de futuribles hablaremos cuando lleguen", ha zanjado. Y al ser preguntado sobre si seguía convencido de que el PSOE, con seis ediles, podría seguir gobernando la ciudad de Alicante si Compromís y Guanyar dejaban el gobierno, eludió la respuesta directa: "Estoy convencido de que aquí nos eligieron a quince concejales, luego perdimos a una por el camino; la mano está tendida también a Guanyar porque catorce concejales podemos dirigir la ciudad mejor que nueve y, por supuesto, mejor que seis", respondió.