ALICANTE. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y su partido, el PSPV, seguirá al frente de la Alcaldía hasta 2019. Las invitaciones a dimitir o a ser relevado de la Alcaldía por otro regidor o regidora -tras su imputación- no serán tenidas en cuenta. Si los socios, Compromís y Guanyar, quieren dejar el equipo de gobierno, la decisión será exclusivamente suya. Echávarri dice tener el aval del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV para seguir al frente de la vara de mando.
Así de contundentes y convencidos están en el seno del grupo socialista, después de que el propio alcalde, Gabriel Echávarri, recibiera este sábado el respaldo público de Ximo Puig tras la citación a declarar del primer edil como investigado en la denominada causa del Caso Comercio, las diligencias abiertas a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos relacionado con 25 encargos directos por un importe global de 189.000 euros durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.
Es decir, que pese a las sugerencias de Guanyar y Compromís para que deje la Alcaldía, desde el PSPV no lo van hacer, por varias razones. La primera, y más contundente, porque no existe un acuerdo de 15 concejales para hacer un relevo con garantías. De fracasar, el PP asumiría la Alcaldía, algo que el PSPV no va permitir: es la principal ciudad que gobiernan los socialistas en la Comunitat.
La segunda, desde el PSPV se tiene fe ciega en la inocencia del alcalde y de sus dos asesores. Insisten en que se trata de una cuestión administrativa, que se detectó a tiempo y que se anuló. Y además, se sorprenden de que las peticiones de dimisión se hagan cuando la instrucción judicial está en su fase inicial: el juez ha citado al alcalde y a los asesores en calidad de investigados el mismo día, junto al interventor, al técnico municipal que puso reparos y al portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que irán en calidad de testigos.
Por todo ello, el escenario en los próximos días va a ser el siguiente: convocatoria de la ejecutiva local del PSPV para que dé luz verde a la hoja de ruta, que pasar por mantenerse todos en su puestos, ver cómo se desarrolla la declaración judicial del próximo 6 de octubre y esperar a ver qué reacción adoptan los socios: son libres de dejar el gobierno local si quieren. Y sino el grupo socialista está dispuesto a seguir gobernando, aunque lo que tenga que hacer con seis concejales de 29 que tiene la corporación. Creen que es factible: si no hay presupuesto para 2018, se prorrogaría, algo que ya han hecho varios equipo de gobiernos de izquierda al quedarse en minoría.
Hay bastante consenso en la dirección del PSPV y en Presidencia de la Generalitat de que la denuncia todavía está en fase inicial para adoptar decisiones, máximo tratándose de una cuestión administrativa. Eso es lo que ha intentado argumentar Ximo Puig. "En estos momentos, es evidente que hay un procedimiento abierto. En la próxima semana el alcalde declarará. Sinceramente, con total objetividad, no se trata de un caso ni mucho menos de corrupción, se trata de un problema de contratación administrativa. En cualquier caso, estamos a lo que la Justicia diga y esa es la cuestión", ha señalado el líder del Consell. El panorama podría cambiar si la situación judicial se complica o si el alcalde es citado a declarar por la denuncia presentada por unos vecinos ante la Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. Pero de momento, hay fe en el alcalde de Alicante, pese a la presión mediática y política, y se mantiene su respaldo.