Costas considera ilegales las obras en el hotel de Arenales y ordena su demolición

Si precisamente en las últimas semanas desde el Ayuntamiento se criticaba la falta de celeridad de Costas a la hora de la resolución con respecto al futuro del Hotel de Arenales, que tenía el compromiso de llegar antes del verano, hoy mismo acaba de llegar dicha resolución. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar resuelve que las obras de rehabilitación del Hotel Los Arenales de Elche son ilegales. Y justamente además cuando la exalcaldesa Mercedes Alonso, en plena carrera por la presidencia del partido, incidía en que con ella ya estaría solucionado el tema de Arenales del Sol. Un mazazo que llega desde el Ministerio de de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que deniega la legalización de las obras ejecutadas sin la autorización de Costas. 

Según indican desde las fuentes ministeriales, el Gobierno "vela por un equilibrio entre la protección ambiental del litoral y los intereses legítimos en la costa, pero la empresa concesionaria ha transgredido este equilibrio". La Ley de Costas y su modificación permiten la rehabilitación pero no aumentar lo edificado en la costa, que es lo que ha pasado al aumentar el volumen del hotel, que ocupa una superficie de de casi 7000 m2 de playa. Además, y para más inri, el Ministerio asevera que la empresa concesionaria estaba al corriente de este régimen y que en la ejecución de las obras no se ha atenido ni a lo previsto en la legislación de Costas ni a las condiciones de la autorización otorgada, lo que fundamenta la resolución adoptada.

Además, el departamento ministerial también ordena a la concesionaria la demolición de las obras realizadas sin autorización, lo que constituye dos terceras partes del inmueble. En perspectiva, las obras de rehabilitación del hotel, que se transformaron en obras de nueva construcción, constituyen un incremento de volumen respecto a lo edificado antes de 1988 y, además, exceden de lo autorizado en 2015, lo que ha llevado a esta situación. El hotel estaba abandonado desde antes de la entrada en vigor de la Ley Costas en 1988, pero en en 2006, la Audiencia Nacional dictó sentencia y declaró el derecho de Princesol a que dicha concesión le fuera concedida, así que le otorgó en 2007 una concesión transitoria. 

Dicha concesión tenía varias condiciones, que suponían que sólo podían realizarse obras de reparación y mejora y que no podían suponer un aumento de volumen. Además, las obras de gran reparación debían ser aceptadas previamente por el Ministerio. Después de un largo procedimiento, en julio de 2015 se autorizaron e iniciaron las obras de rehabilitación. Sin embargo, en mayo de 2016, gracias a denuncias vecinales y las correspondientes comprobaciones de técnicos del Ministerio, se descubre que las obras no son realmente una rehabilitación, sino una demolición y nueva construcción del antiguo hotel. 

Como podían suponer el aumento de volumen y no habían sido aceptadas previamente por el Ministerio, se ordenó paralizar los trabajos y se incoó un expediente sancionador, que se traduce ahora en una multa de 80.000 euros, "proporcional al prepuesto de las obras ejecutadas sin autorización". Tras la paralización de las obras la concesionaria solicitó que se aprobaran dichas obras ejecutadas de forma ilegal. En cualquier caso, y para garantizar la máxima seguridad jurídica, encargó un informe a la la Abogacía General del Estado, que ha dictaminado que la normativa sobre Costas impide la reconstrucción integral de una edificación en estado de ruina.