ALICANTE. Ciudadanos (Cs) da calabazas al PSPV y se niega a comprometer un respaldo ciego que garantice la investidura de Eva Montesinos (número 2 de la candidatura con la que los socialistas concurrieron a las urnas en 2015) en el supuesto de que el actual alcalde, Gabriel Echávarri, presente su dimisión. Ese es el mensaje que recogió este miércoles el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, tras mantener un primer (y probablemente único) encuentro en Alicante con la portavoz municipal del partido de Albert Rivera, Yaneth Giraldo.
Según pudo constatar Alicante Plaza, esa cita, concertada a última hora de la mañana del martes, se celebró en torno a las 12:00 horas del miércoles, mientras los portavoces del resto de grupos políticos de la oposición se afanaban en volver a pedir la dimisión de Echávarri, ya expuesto a un segundo auto de procesamiento por el despido supuestamente irregular de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
Sólo unos minutos después de que el primer edil confirmase su continuidad en el cargo y mostrase su perplejidad por la actuación de la Fiscalía (al ver delito en un despido que, insistió, a su juicio fue legal), Giraldo comunicó al número 3 de los socialistas valencianos que su partido no iba a proporcionar un balón de oxígeno a quienes habían generado el conflicto. Es decir, que no iba a confirmar al PSPV un respaldo a Montesinos ni por anticipado ni tampoco a posteriori (después de una supuesta renuncia de Echávarri) aunque existiese la posibilidad de que la Alcaldía fuese a parar a manos del PP, en el hipotético caso de que el primer edil renunciase al cargo.
Hasta ahora, el propio Echávarri ha venido ganando tiempo y viene reiterando que sólo dimitirá si, el día que se dicte el auto de apertura de juicio oral firme por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, existen los 15 votos que resultan necesarios para investir a Montesinos, sin condiciones previas. Nadie puede asegurar a ciencia cierta en qué momento se emitirá esa resolución. Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 (responsable de la instrucción del caso Comercio) no ha dado plazo a las acusaciones para que formulen sus escritos y soliciten la apertura de juicio.
Sea como fuere, Giraldo fue taxativa: como viene esgrimiendo Cs desde que trascendió el primer auto de procesamiento por el presunto fraccionamiento de contratos del caso Comercio, el pasado noviembre, lo que debe hacer Echávarri es dimitir o, en su defecto, el PSPV forzarle a hacerlo. En sintonía con las directrices marcadas desde los estamentos jerárquicos del partido, sólo entonces, tras esa supuesta renuncia al cargo, Cs analizará cuál puede ser su posición en ese hipotético pleno de investidura. Así de claro y simple. Según precisaron fuentes conocedoras del encuentro, no hubo ninguna oferta por parte de Muñoz. Y Giraldo tampoco expuso ninguna condición para modular el sentido de los cinco votos de su grupo de concejales. Tampoco se habló de la posibilidad de que Cs pudiese formar parte del equipo de Gobierno (algo que se da por descartado si eso supone que los de Rivera tengan que compartir gestión con Compromís) y todo giró en torno a un posible respaldo a la investidura. Así que sólo se produjo la reiteración constante de la misma pregunta con la misma respuesta en bucle. La conversación, a grandes rasgos, se produjo en los siguientes términos: "¿Está dispuesto Ciudadanos a comprometer su respaldo a Montesinos?", cuestionaba Muñoz. "No", replicaba Giraldo. "Pero eso puede implicar que gobierne el PP...", insistía Muñoz. "Puede", atajaba Giraldo.
El encuentro se cerró sin que los interlocutores se emplazasen a una posible cita posterior. Al menos hasta este miércoles, no se atisbaba que nadie pudiese modificar su postura. Después, desde cada lado del tablero político se analizaba el desarrollo de la entrevista con diferentes conclusiones. En primer lugar, fuentes de Cs abundaron en que no se podía pretender que fuesen ellos quienes diesen una solución a un problema que no habían creado. Es más, recalcaron que la crisis institucional en la que se encuentra instalado ahora el Ayuntamiento de Alicante se originó en marzo de 2016 con la expulsión de la edil Nerea Belmonte del equipo de Gobierno, de Guanyar (y luego también de Podemos) con el argumento ético y estético de que había dado contratos menores a personas afines (sin que se llegase a abrir una investigación municipal ni judicial al respecto). En ese momento, fue el bloque de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) quien provocó que se perdiese la mayoría absoluta de la que disponía, al quedarse con 14 concejales en un pleno de 29. "No vamos a sucumbir a los intereses personales y electoralistas ni del PSOE ni del PP, ni de Compromís. Quien ha generado el clima de descomposición política en el Ayuntamiento han sido el PSOE y sus ex socios del tripartito, por tanto les corresponde a ellos buscar una solución", llegó a manifestar la propia Giraldo, a través de un comunicado en el que valoraba el segundo auto de procesamiento de Echávarri y la propuesta de moción de censura del PP, que su portavoz, Luis Barcala, ya anunció este mismo miércoles que iba a registrar ante notario en los próximos días con un acta abierta para que la pudiesen firmar los partidos que lo quisiesen.
"Si dos décadas del PP nos han dejado a todos escaldados, la herencia que ha dejado el PSOE y sus ex socios no es precisamente para tirar cohetes sino todo lo contrario, y no es para que nos pidan ahora que depositemos en ellos su confianza", prosiguió Giraldo en ese mismo comunicado.
Fuentes del PSPV, por su parte, incidieron en que, a tenor de lo escuchado, Cs estaba dispuesto a permitir que la Alcaldía recayese en manos del PP. "No les importa", recalcaron, "y si eso ocurre, pueden acabar siendo los únicos responsables, después de habernos negado alternativas para impedirlo; al final nos confirman lo que todo el mundo ya sabe: que son la marca blanca del PP", incidieron.
Lo cierto es que la respuesta de Cs deja al PSPV en una situación más que incómoda y lo aboca a dar un salto sin red. Como viene informando Alicante Plaza, el objetivo de la cúpula regional del partido era recabar una mayoría holgada que garantizase un número de votos suficientes para no depender sólo de la postura de los dos concejales no adscritos: la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, y el exedil de Cs, Fernando Sepulcre. Hasta ahora, el PSPV sólo ha mantenido un primer tanteo con Belmonte (a priori, con una mayor afinidad ideológica que Sepulcre) que se saldó sin ningún compromiso firme. Así que, pese al respaldo ya manifestado por Guanyar (5 concejales) y Compromís (3), el PSOE (6) no cuenta todavía con los 15 votos que decantan la mayoría absoluta en el pleno de la corporación (29 ediles) y que resultan imprescindibles para amarrar la investidura de Montesinos.
¿Cuál va a ser el siguiente paso a seguir ahora? Por el momento, ni hay camino alternativo, ni el segundo auto de procesamiento contra Echávarri modifica nada. La cúpula regional continuará trabajando en el cumplimiento de su compromiso: reunir los apoyos que resultan necesarios para que se produzca el relevo de Echávarri en el momento en el que se dicte un auto de apertura de juicio oral firme. Eso es lo que establecen los estatutos y el código ético del partido y lo que se hará cumplir, señalaron fuentes del PSPV.
No obstante, recalcaron, hasta ahora no se ha llegado a esa situación: no se daba en noviembre, cuando se firmó el pacto de refundación con Compromís, y no se da ahora. Entre tanto, se tratará de defender esa posición pese a la presión que puedan ejercer el resto de grupos políticos y pese a las dificultades que pueda suponer que el partido pueda trasladar su gestión sobre la ciudad y sobre el conjunto de la provincia. Este mismo jueves está prevista la visita del presidente del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, a la capital.