El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, arropado por los ediles de su grupo.ALICANTE. El PP da un paso al frente en busca del liderazgo político en la crisis de gobernabilidad que afecta al Ayuntamiento de Alicante tras la confirmación del procesamiento del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), por el presunto fraccionamiento de contratos del caso Comercio. Como ha contado Alicante Plaza, su portavoz, Luis Barcala, lanzó este viernes una propuesta de moción de censura consciente de que no contaba con los 15 votos que resultan necesarios para que prospere y sabedor de que difícilmente podrá llegar a recabarlos, pero con la clara intención de forzar al resto de grupos de la oposición a posicionarse. Sirva el símil: el tiro iba dirigido hacia Echávarri, hacia el PSOE y hacia el conjunto de la izquierda -Guanyar y Compromís, que le avalaron para tomar el poder en 2015 y que siguen dispuestos a secundar a un sustituto socialista-, pero también (o sobre todo) hacia Ciudadanos (Cs).
Así lo señaló el propio Barcala en la misma comparecencia en la que dio cuenta de la iniciativa: "Nos dirigimos a todos los grupos políticos, pero especialmente a los concejales de Cs, con los que venimos coincidiendo sobre el análisis de la situación en estos dos años y medio y que dieron su voto de confianza a Echávarri para que tomase posesión", señaló. "No estamos lejos de pactar un consenso y gobernar esta ciudad este último año de legislatura, no estamos lejos en absoluto", abundó.
Y enfatizó: "Lo fácil era no hacer nada; podíamos permanecer inmóviles y esperar, pero por responsabilidad, como lista más votada, damos un paso adelante con una documento de propuestas de gestión que se podrían poner en marcha en este año que queda de mandato, para que no fuesen cuatro años perdidos". Así, volvió a apuntar directamente al partido de Albert Rivera: "Entiendo la posición incomodísima de Cs, pero tendrá que elegir, porque en política hay momentos en que puedes estar a verlas venir y momentos en que hay que ser valiente y dar un paso adelante", insistió. "Tendrá que optar, no hay alternativas. Bueno, hay una: no hacer nada, pero ¿Perdonarán los alicantinos a quienes miren hacia otro lado en una situación de emergencia? Entendemos que no", recalcó.
Esa es, en realidad, la clave de la propuesta: la búsqueda del liderazgo político frente a Cs ante la próxima cita electoral en un escenario en el que el intento de la fuerzas progresistas de gestionar juntos ha terminado fracasando. El PP tenía que presentarse como alternativa de gobierno y lo escenificó con una propuesta para censurar a Echávarri por "responsabilidad", justo cuando todos los sondeos nacionales, autonómicos y locales coinciden en reflejar la tendencia de crecimiento de Cs.
No obstante, como también ha contado este diario, la portavoz municipal de Cs fue tajante en la respuesta: "Antes que plantear una moción de censura en el Ayuntamiento de Alicante, lo primero que tiene que hacer el PP, y en este caso su portavoz municipal, Luis Barcala, es aplicar una limpieza a fondo en la Diputación con sus imputados, tanto el alcalde de La Nuncía, Bernabé Cano, como el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza", señaló. "Solo así, el PP tendría credibilidad para exigir una regeneración en la vida política municipal, lo que no sirve es aplicar dos discursos distintos en función de las circunstancias y de la conveniencia política", subrayó.
Sea como fuere, el movimiento del PP contaba con el aval de la ejecutiva provincial y, según las fuentes consultadas, con el de su dirección nacional. De hecho, la propuesta de voto de censura hizo pública ante la presencia de Rafael Candela, coordinador general de la cúpula que preside José Císcar (que, sin embargo, no acompañó al grupo de concejales). Y se materializó en un instante en el que los populares habían quedado desplazados del foco de la solución: tras el auto de la Audiencia Provincial que acerca a Echávarri a juicio, todas las miradas se han venido dirigiendo hacia su posible dimisión y hacia la búsqueda de los votos de 15 concejales para garantizar la elección de su sucesora, Eva Montesinos.
La iniciativa, además, está armada y fundamentada: como explicó Barcala, se acompaña de un documento -que no se facilitó a los medios de comunicación con el argumento de que debía exponerse primero al resto de grupos municipales- con "propuestas ejecutables en este último año de mandato" y abierto a la negociación con el resto de fuerzas políticas. Barcala apeló, además, a la división interna que, dijo, "sabemos que existe" entre esos grupos progresistas. "No todos comparten las posiciones públicas de sus partidos", abundó, para subrayar la posibilidad de que pudiese producirse la disidencia de varios concejales. "Venimos escuchando discursos, críticas, quejas y lamentos de muchos concejales y ahora tienen la oportunidad de posicionarse y hacer algo", incidió.
Lo cierto es que, como también ha publicado este diario, el PP ya se encontró este mismo viernes con la puerta cerrada. Guanyar, Compromís y Cs negaron su respaldo a un posible voto de censura que convirtiese a Barcala en nuevo alcalde, lo que imposibilita que la censura pueda aprobarse. El PP cuenta con 8 ediles, por lo que, como mínimo, debería sumar a los 5 concejales de Cs y otros dos representantes de PSOE (6), Guanyar (5) o Compromís (3). Como establece la Ley Electoral, los votos de los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, no serían válidos (aunque sí cuentan en un pleno de elección de un nuevo alcalde, tras un supuesto de dimisión).
Con todo, el líder de los populares señaló que el objetivo de su propuesta de voto de censura era que todos se retratasen. Es más, señaló que, incluso si no se cuenta con los 15 votos necesarios, "en cuanto se dicte el segundo auto de procesamiento contra Echávarri" relacionado con el despido presuntamente irregular de una trabajadora interina (cuñada del propio Barcala), "acudiremos al notario a registrar la moción, dejándola abierta para que cualquier otro concejal acuda a firmarla".
