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antesala de juicio para los investigados por el 'caso isjoma'

El juez procesa a los exediles Llorens y Zaragoza (PP) por el 'amaño' de la contrata de las sillas

21/03/2018 - 

ALICANTE (AP/EFE). El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante cierra la investigación sobre el supuesto amaño de la contrata de montaje e instalación de infraestructuras festivas y culturales del Ayuntamiento de Alicante, conocido como caso Isjoma, y aboca a juicio a dos exconcejales del PP, Juan Zaragoza y Andrés Llorens, además de los representantes de la empresa beneficiaria de la adjudicación y de varios técnicos municipales que participaron en la adjudicación y en la gestión del contrato. Se trata de Isidro García (gerente de Isjoma) y de los técnicos Víctor López, Ginés Pérez y Francisco Ramón.

En un auto conocido este miércoles, el juez les considera presuntos responsables de los delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales. Además, en el caso del exconcejal de Comercio, Juan Zaragoza, se le atribuye también el supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. No obstante, el juez acuerda el sobreseimiento y archivo por lo que respecta al supuesto delito de cohecho "al no concurrir suficientes indicios de la comisión de tal hecho"

Y, por último, resuelve el sobreseimiento para un cuarto técnico municipal, Diego Agulló, que, sin embargo, continúa como investigado en una pieza derivada de esta causa sobre el contrato de instalaciones festivas, en relación a un supuesto fraccionamiento de contratos en la organización de la Feria Outlet desarrollada en la Zona Volvo en octubre de 2009.

Contra la resolución, de 90 páginas, cabe recurso de reforma ante el propio juzgado en el plazo de tres días o de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de cinco días. Con todo, el juez también emplaza a las acusaciones a formular escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral.

Las diligencias se abrieron a instancias de la denuncia presentada en Fiscalía por los gestores de Montajes Alavés, una de las empresas que concurrió en el concurso que desató las presuntas anomalías -convocado en 2003- y que se consideró perjudicada por el sentido de la adjudicación a una de sus competidoras, Isjoma, tras advertir supuestas irregularidades en el proceso de valoración de las ofertas. Máxime, tras alegar que su propia oferta económica, la de Alavés, era económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento, con un precio por un millón menos que la formulada por Isjoma. El contrato se concedió por un periodo de cuatro años con un presupuesto total de 2,3 millones. 

El auto considera que, a raíz de las diligencias incoadas por la Fiscalía, existen indicios suficientes de que pudo existir una doble contratación entre el Ayuntamiento e Isjoma: al margen del precio de adjudicación en sí mismo, se producía la supuesta compra de materiales a esa misma empresa como si se tratase de una sucesión de contratos menores, "sin publicidad y sin concurrencia".

La resolución pone fin a una investigación judicial que se inició en 2009. La causa se dirigió en un principio contra el responsable de la empresa adjudicataria, Isidro García, el antiguo jefe de servicio de la Concejalía de Atención Urbana, Víctor López, y el técnico que ha sido ahora exculpado, Diego Agulló. Con posterioridad, la investigación se amplió a multitud de contratos a favor de Isjoma desde 2003 e implicó a otros dos funcionarios, Ginés Pérez Beltrán y Francisco Ramón Casal, así como al exvicealcalde y ex edil de Atención Urbana, Andrés Llorens (mano derecha de la alcaldesa, Sonia Castedo, que fue exculpado de un delito de prevaricación en el llamado caso Magallanes por la adjudicación de la reforma de la plaza de ese nombre), y al exconcejal Zaragoza (que, además de asumir el área de Comercio, ejerció como responsable de Hacienda y Contratación).

El auto resuelve que pudo existir una doble contratación entre el Ayuntamiento e Isjoma desde 2003, y que, en 2009, se amañó el concurso para volver a concedérselo a la misma empresa

Isjoma SL recibió en 2003 la primera adjudicación del contrato para el montaje de infraestructuras destinadas a actividades festivas y culturales del ayuntamiento por un importe de casi 2,4 millones de euros. No obstante, como relata el juez en su auto, Atención Urbana inició en ese momento y hasta la fecha de extinción del contrato, en 2009, "una contratación paralela" para "suministros de idéntica o análoga naturaleza" al del objeto de aquél. Esa otra contratación "se llevó a cabo de forma directa, a dedo, con infracción de las normas legalmente establecidas para la tramitación y adjudicación de contratación pública", añade el magistrado.

Supuestamente, era realmente Isjoma SL la que elaboraba la documentación "que servía de base para el pago final de las certificaciones" de suministros, las cuales firmaban Víctor López y los técnicos Ginés Pérez y Francisco Casal, pese a que no respondían a la realidad, según el magistrado. La resolución judicial alude al supuesto fraccionamiento de diversos contratos, entre ellos los relativos a actos con las belleas del foc o del racó municipal de las Hogueras de San Juan, un evento de la Federación de Dinamarca de Gimnasia y Baile o el suministro de moquetas.

En febrero de 2009, Isjoma volvió a ganar el concurso para el montaje de infraestructuras de fiestas y actos culturales para un plazo de seis años, por una cuantía cercana a los 4,6 millones de euros. Según el auto, ese contrato fue amañado a favor de la citada mercantil y en perjuicio de Alavés, Montajes y Realización SA, tras una propuesta de Víctor López que contó con el visto bueno y consciente del entonces concejal Andrés Llorens, según expone el auto judicial.

La propuesta fue elevada a la mesa de contratación y la "injusta conclusión" que contenía era conocida por su vicepresidente, y responsable de la Concejalía de Hacienda, Juan Zaragoza, según el auto. Este último filtró, presuntamente, el informe elaborado por López al competidor directo de Isidro García, José Antonio Alavés, lo que podría constituir un delito de infidelidad de documento público, de acuerdo con el auto conocido este miércoles. Alavés grabó precisamente una de las conversaciones que mantuvo con Zaragoza y aportó la grabación a la Fiscalía junto a la denuncia que interpuso por las supuestas irregularidades.   

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