ALICANTE. Las medidas de control con las que el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), pretende reducir las emisiones de ruido asociadas a la actividad del ocio y la hostelería en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo mediante la implantación de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) -una específica para cada barrio- no solo contempla limitaciones en horarios de funcionamiento y reducción de superficie para los veladores como medida general. Entre sus disposiciones se incluye también otro supuesto con el que se aspira a evitar una hipotética especulación en el traspaso de licencias de locales para que puedan acabar teniendo un uso distinto al que fundamentó su concesión inicial, según han venido advirtiendo los residentes de ambos barrios hasta el momento. Esa nueva disposición consiste en la posibilidad de declarar la caducidad del permiso otorgado a todo aquel establecimiento que permanezca cerrado e inactivo durante un periodo ininterrumpido de seis meses.
En el terreno práctico, ese supuesto -contemplado en la Ley 14/2010 de la Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos- conlleva que se retire la autorización de funcionamiento de la que dispusiese dicho establecimiento, sin que pueda acordarse la concesión de un nuevo permiso que pudiese demandar un nuevo solicitante. Tal prohibición de reinicio de actividad queda sujeta al periodo de vigencia de la declaración de la propia ZAS, ya que su instauración incorpora la suspensión de nuevas licencias en las calles incluidas en su delimitación.
De este modo, además de evitar una posible transmisión para usos indebidos de locales de uso hostelero, también conllevará la lógica reducción de establecimientos susceptibles de generar emisiones sonoras, lo que -a priori- debería contribuir a reducir molestias y a favorecer el descanso vecinal. Es decir, el objetivo pretendido con la instauración de las dos ZAS, que también se remarca en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 en la que se estima parcialmente el recurso por vulneración de derechos fundamentales presentado por dos residentes del Centro Tradicional a título particular y se conmina al Ayuntamiento a acordar la declaración de una ZAS en la calle Castaños.
El equipo de gobierno, que ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) frente a esa sentencia al discrepar de parte de sus conclusiones (también lo han hecho los empresarios del sector hostelero, agrupados en Alroa), ha abogado finalmente por extender el ámbito de influencia de la ZAS a las calles de su entorno: San Ildefonso, Cándida Jimeno Gargallo y el tramo de la calle San Francisco comprendido entre su intersección con Castaños y el Portal de Elche, en el caso del Centro Tradicional. Y, además, también promueve una segunda ZAS que será de aplicación sobre los negocios situados en la Plaza Quijano y en las calles San Agustín y Montegón, en el caso del Casco Antiguo.
Problema de horarios, no de vigilancia
La entrada en vigor de esas dos ZAS queda sujeta, como mínimo, a la aprobación del expediente que dé inicio a su tramitación administrativa en Junta de Gobierno. El objetivo de los populares es que ese paso pueda cumplimentarse la próxima semana, lo que debería dar pie a que se aborde la aplicación al menos de parte de sus limitaciones de modo cautelar hasta que culmine la aprobación de la ZAS con el visto bueno de la Generalitat, según apuntó este martes el vicealcalde, Manuel Villar, en la comparecencia pública semanal posterior a la reunión de la Junta Local.
