ELCHE. El Ayuntamiento de Elche tendrá que resarcir económicamente a un propietario de suelo en Torrellano por alrededor de un millón de euros por una parcela de apenas algo más de 500 metros cuadrados. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de finales de 2020. El propietario solicitó la expropiación rogada, es decir, forzosa, e instó al Consistorio a que lo hiciera por tener unos terrenos dotacionales reservados por la administración municipal y que esta no ha desarrollado. Finalmente, son más de 900.000 euros que se irán a más de un millón por intereses y premio de afección.
Como contó este medio, el Ayuntamiento podría verse envuelto en una difícil situación económica como consecuencia de haber 'bloqueado' en el Plan General General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 suelo dotacional para desarrollar y que finalmente no ha impulsado. Así lo exponía el departamento de Urbanismo en la consulta pública para sobre el futuro Plan General, ya que los propietarios de estos suelos tienen el derecho de exigir la expropiación forzosa si el Consistorio no desarrolla ese terreno. No obstante, como a otras administraciones locales, por el momento una disposición adicional de la Lotup paraliza estos procedimientos.
Sin embargo, aquellos casos que son anteriores a la aprobación de la mencionada disposición adicional, que en líneas generales es la que por ahora evita que muchos Ayuntamientos se puedan desangrar por este tipo de suelos, sí que tienen visos de prosperar. Este ha sido uno de ellos, ya que en 2016, el Jurado de Expropiación Forzosa de Alicante propuso un justiprecio para el propietario de la parcela de 594,60 m2 en Torrellano, entre las calles La Paz y Consueta, que había solicitado esta expropiación pero no estaba de acuerdo por la cantidad económica propuesta por el órgano. Así que fueron codemandadas tanto la Administración del Estado como el Ayuntamiento, que también recurrió esta expropiación forzosa. Sin embargo, aunque contra la sentencia del TSJCV cabía recurso de casación, el Ayuntamiento no recurrió y es firme desde principios de 2021.
