Alicante rechaza la libre apertura de los centros comerciales y pide que avalen daños por 9 millones

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante mueve ficha con una doble estrategia de defensa y contraataque para evitar que el juzgado de lo Contencioso número 4 obligue a permitir ya la apertura en festivo de Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante, en cumplimiento de la sentencia del pasado noviembre que les reconoce ese derecho (en concreto, el derecho a ser incluidos en una zona de gran afluencia turística, ZGAT). Los servicios jurídicos municipales acaban de presentar el escrito de oposición contra la petición de ejecución provisional de esa sentencia que todavía no es firme, al estar recurrida por el propio Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). 

En ese escrito, el Ayuntamiento considera que el juzgado no debe conceder la ejecución provisional de la sentencia solicitada por los centros comerciales con dos argumentos fundamentales. El primero, que los tres complejos no han argumentado suficientemente qué perjuicio conllevaría que la decisión sobre su régimen de libertad horaria se aplace hasta que resuelva el TSJ. Como mínimo, según los servicios jurídicos municipales, no se ha aportado ninguna prueba sobre ellos. Y el segundo argumento es, en realidad, precisamente el mismo pero en sentido contrario: el Ayuntamiento alega que sí sería perjudicial para el resto de operadores comerciales de la ciudad que el juzgado ordenase ahora la libre apertura de esos tres complejos y que, después, el TSJ acabase anulando esa decisión al considerarla inadecuada.

En esta línea, la posición municipal es que diversa jurisprudencia establece que, en este supuesto, debe primar el principio de prudencia y, por tanto, aboga por que no se conceda la ejecución provisional de la sentencia, como piden los centros comerciales, de modo que se mantenga la única ZGAT aprobada ahora: la que abarca al Centro tradicional, incluida la avenida de Maisonnave y las dos tiendas de El Corte Inglés que la flanquean. 

No obstante, el Ayuntamiento se pone en el peor de los escenarios posibles y trata de cubrirse las espaldas con un añadido trascendental: la exigencia de un aval (caución) de 9 millones de euros. Es el perjuicio que, según el Ayuntamiento, ocasionaría a los operadores comerciales del entorno en el caso de que el juzgado se incline por aceptar la petición de las tres grandes superficies. ¿Por qué 9 millones? Según las fuentes consultadas, se trataría de los beneficios que podrían lograr los centros comerciales durante el tiempo que transcurra hasta que el TSJ emita su sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Esa resolución, a partir de los cálculos que maneja el propio Ayuntamiento, podría demorarse todavía dos años (final del mandato actual).

¿Cómo llega el Ayuntamiento a esa cifra concreta? Según las mismas fuentes, a partir de las referencias esgrimidas por los propios centros comerciales en su contencioso inicial sobre el perjuicio que habrían sufrido hasta ahora. En ese recurso, se incluían alusiones a sentencias sobre otros litigios similares sobre posibilidades de ventas perdidas para sus establecimientos. El escrito del Ayuntamiento extrapola ahora esas cifras para los más de 200 establecimientos que se ubican en los tres complejos, entre los que se encuentran supermercados y cadenas de ropa. El juzgado deberá adoptar una decisión sobre la ejecución provisional de la sentencia en un plazo de unos dos meses.

Voluntad de pacto autonómico

La comisión mixta creada por la Conselleria de Economía en el seno del Observatorio del Comercio confirmó este miércoles que todos los actores del sector están predispuestos a alcanzar un pacto global sobre los horarios comerciales. Según las fuentes consultadas, los 15 representantes convocados (entre los que figuran las asociaciones de consumidores, las grandes superficies, los sindicatos y los ayuntamientos de Valencia y Alicante, entre otros) constataron su voluntad de llegar a ese acuerdo que, en todo caso, podría dejar al margen a las dos grandes ciudades de la Comunitat (Valencia y Alicante). Así lo reivindicaron, de hecho, los delegados de ambas capitales. 

Sin embargo, no hubo más avances. En la cita sólo se concretó que cada uno de los 15 representantes de la comisión haría llegar una recopilación de datos sobre cada situación particular antes del 3 de febrero y que, a partir de entonces, se convocaría una segunda reunión para tratar de poner en común esas posiciones.