Los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, junto al arquitecto municipal, en la presentación del catálogo, de archivo.ALICANTE. Nuevo blindaje frente a la construcción para preservar el patrimonio. Y esta vez, en un escalón de grado superior. Tras agotarse las dos suspensiones de licencias aprobadas en 2015 y 2016 para las obras que afectasen a los edificios incluidos en la propuesta de catálogo de protecciones, el Ayuntamiento de Alicante pretende promover ahora una suspensión de todo el planeamiento vigente con el propósito de prorrogar ese régimen de conservación.
La propuesta que se prevé elevar a la consideración de la Junta de Gobierno este martes trata de ajustar el alcance de la medida únicamente a los edificios incorporados al catálogo de protecciones, todavía en trámite desde que PSOE, Guanyar y Compromís tuviesen que retomar los trabajos heredados de la etapa de Gobierno del PP. Los populares renunciaron a su propuesta de Plan General (y con él, a la propuesta de catálogo que incorporaba) a principios de 2015, poco después de que la exalcaldesa, Sonia Castedo, presentase su dimisión, acuciada por las revelaciones sobre el supuesto trato de favor que, según el sumario del caso Brugal, se habría conferido al controvertido promotor Enrique Ortiz en la elaboración de ese planeamiento.
Tres días antes de las municipales de 2015, el PP se vio abocado a aprobar una suspensión de licencias de un año con el objetivo de blindar la concesión de licencias para los edificios incorporados en su propuesta de catálogo con el propósito de que la próxima corporación pudiese iniciar los trabajos de redacción de un nuevo Plan General provisto de ese blindaje.
A su llegada al poder, el tripartito retomó los trabajos y los completó -por mandato expreso de la Generalitat- para incluir en la nueva versión del catálogo los elementos naturales y paisajísticos que mereciesen quedar preservados, lo que forzó la renovación de esa suspensión de licencias, en junio de 2016. Después de varios procesos de exposición al público, la Concejalía de Urbanismo ha cerrado una propuesta que pretende trasladar para su debate al pleno ordinario de este mes de mayo. El documento -que servirá de punto de partida para la redacción del futuro Plan General- debe quedar aprobado por mayoría absoluta, para lo que requiere el apoyo de al menos un edil de la oposición. Ese voto, en principio, podría llegar de la mano del edil no adscrito, Fernando Sepulcre, a la vista de sus declaraciones a este diario.
La propuesta aspira a limitar su alcance generalizado sólo al listado de inmuebles incorporados en el catálogo, de modo que se puedan seguir concediendo el resto de licencias
Sin embargo, incluso en el supuesto de que se alcance ese quorum, el documento no llegará a entrar en vigor como muy pronto hasta dentro de tres meses. Se trata del plazo en el que, según las fuentes consultadas, podría demorarse todavía su ratificación por parte de las consellerias de Medio Ambiente, primero, y de Vertebración del Territorio, después.
Esa es, precisamente, la tesitura que habría expuesto al equipo de Gobierno a promover ahora esta suspensión de planeamiento como solución de carácter excepcional, ya que la vigencia de la segunda suspensión de licencias expira a principios de junio. Según las fuentes consultadas, la legislación impide volver a acordar una tercera suspensión de licencias por el mismo objeto, de modo que se recurre a una suspensión generalizada del planeamiento, pero con aplicación específica sobre los elementos incluidos en la propuesta de catálogo pendiente de aprobación.
Sobre el papel, no es una medida menor, ya que, de partida, el veto a la concesión de nuevas licencias se extendería de manera global a todos los planes que ordenan sectores en los que se sitúan esos elementos a preservar. No obstante, la intención del tripartito es reducir el alcance de ese blindaje sólo a las decisiones que afecten a ese listado de inmuebles, de modo que se sigan concediendo el resto de licencias. Eso sí, ese límite queda supeditado a la resolución que adopte el Consell, tras evaluar si resulta viable desde el punto de vista legal aplicar esa restricción que se plantea en la petición que pretende acordar el tripartito.
La medida, sea cuál sea la fórmula que se acabe aplicando, permanecería vigente hasta que el catálogo entre definitivamente en vigor o hasta que transcurran cuatro años desde el primer acuerdo de suspensión de licencias: es decir, hasta 2019.
