El Ayuntamiento y las entidades de conservación de los recintos industriales se ven incapaces de atender las peticiones de parcelas al estar prácticamente agotadas. El tripartito pretende implicar al Sepes para llevar a cabo parte de la ampliación prevista hace más de 40 años y captar el respaldo económico del Consell
ALICANTE. La presión de la demanda empresarial ha acabado forzando al Ayuntamiento de Alicante a desplegar una doble estrategia para tratar de generar más suelo industrial en los polígonos de Las Atalayas y Pla de la Vallonga. El equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) ya asume que no será fácil, pero los tres socios están decididos a abordar dos líneas de negociación con administraciones superiores en busca de su respaldo económico: el Gobierno central, a través de la entidad estatal de promoción de suelo, Sepes; y el Consell, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
La urgencia de la necesidad de suelo se puso de manifiesto este jueves en un encuentro de trabajo entre la edil de Empleo y Desarrollo Económico, Sonia Tirado (Compromís), y responsables de la Entidad de Conservación de Las Atalayas (que representa a unos 111 propietarios de parcelas del polígono). Según las fuentes consultadas, en esa reunión se constató que en ese recinto industrial ya no existen solares ni naves de gran tamaño libres. Sobre todo, después de que se haya constatado el preacuerdo de arrendamiento del gigante de la distribución de ropa deportiva, Sprinter, para ocupar las antiguas instalaciones de Altadis con la instalación de su nodo logístico (un proyecto todavía pendiente del visto bueno de la Concejalía de Urbanismo, a través de un informe de compatibilidad).
La situación se reproduce prácticamente en los mismos términos en el Pla de la Vallonga, de dimensiones menores (un millón de metros cuadrados) y en el que acaba de aterrizar Tempe (el fabricante de calzado del grupo Inditex) con un almacén logístico a la espera de que se lleve a cabo la ampliación de sus instalaciones en Elche Parque Industrial.
El problema, según las mismas fuentes, es que existen varias empresas con grandes necesidades de espacio interesadas en implantarse y otras ya asentadas que requieren más superficie a las que ni el Ayuntamiento ni sus respectivas entidades de conservación están siendo capaces de satisfacer. Quedan algunas naves disponibles, sí, pero de dimensiones insuficientes, según las mismas fuentes.
La situación se agrava en la medida en que el camino más corto que preexistía para poder cubrir esa demanda en el polígono de Las Atalayas ya no es una opción. Se trata de la ampliación planificada desde hace más de 40 años por el Sepes. La entidad dependiente del Ministerio de Fomento, que fue la que promovió la urbanización del recinto a partir de 1973, había adquirido a través del procedimiento de la expropiación una gran bolsa de unos 800.000 metros cuadrados con el propósito de acometer una posible ampliación hacia su extremo sur.
Esa ampliación hoy ya no es posible en sus condiciones iniciales. Según las fuentes consultadas, al no haberse desarrollado el suelo para el fin por el que fue expropiado, el Sepes se ha visto obligado a reintegrar parte del suelo a los propietarios originales que lo han reivindicado. La entidad estatal aún posee en torno a un 55% de ese suelo, pero parte de él está afectado por el catálogo de protecciones que servirá de base para el futuro Plan General Estructural y que ahora se encuentra en trámite de exposición al público por segunda vez.
Una de las opciones que el tripartito está dispuesto a explorar consiste en atender la demanda de suelo más urgente precisamente en ese ámbito todavía en manos del Sepes. Para ello, se trataría de relajar las condiciones de protección de ese suelo y de implicar al Sepes en su urbanización, con el objetivo de que financie las obras. La duda es cuál puede ser la posición del Sepes.
Lo cierto es que para Las Atalayas no existen muchas más alternativas: su crecimiento hacia la Autovía de Murcia está constreñido por un hito paisajístico protegido y transferido a la Generalitat y por el paso de una rambla.
La segunda alternativa para aplacar la necesidad de suelo industrial consiste en implicar también al Ivace, adscrito a la Conselleria de Economía, para poder programar y financiar una expansión hacia el norte. Esa posibilidad implicaría entroncar y comunicar con el Pla de la Vallonga. La Concejalía de Empleo ya ha mantenido reuniones con el titular del departamento autonómico, Rafael Climent, para introducir el desarrollo de esa vía en el Plan de Mejora de los Polígonos Industriales, de programación anual, y en el Plan de Reindustrialización, en los que este año se ha presupuestado actuaciones por 19 millones de euros para el conjunto de la Comunitat. Según las fuentes consultadas, la intención es que la actuación en Alicante quede incluida para 2018 o 2019.
Por lo pronto, en el encuentro de este jueves se puso en valor una primera intervención de mejora de la señalización de los dos recintos con una inversión de 12.000 euros que ha permitido rotular sus calles, instalar planos de situación y colocar señales viarias informativas.