En manos del juez

ALICANTE. Siempre con permiso de la condición resolutoria que grava la compra por Aligestión Integral del Rico Pérez, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante decide estos días si el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se convierte en el nuevo propietario de la instalación deportiva que salía a subasta el pasado 17 de enero, junto al 15,07% del capital social del Hércules y de varios derechos de crédito contra el club blanquiazul, en el marco del proceso de liquidación de la citada sociedad.

Los 3.750.000 euros ofertados por el banco del Consell en el último día de la subasta electrónica han sido finalmente la mayor puja presentada por el lote que integran los citados bienes y derechos, una vez finalizaba la semana pasada sin nuevas ofertas que mejoren la anterior el plazo adicional de 10 días hábiles otorgado por el magistrado. Como adelantábamos en Alicante Plaza solo quedaba saber si el magistrado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil concedía un segundo plazo de cinco días o entraba a valorar directamente la oferta del IVF, opción por la que se ha decantado finalmente.

Teniendo presente que al lote subastado se le asignó un valor de 14.748.871,36 euros, los 3.750.000 ofertados por el brazo económico del Consell representan solo el 25,5% de ese precio de salida. No obstante, lo anterior no debería ser obstáculo para que el IVF se haga con la titularidad de los bienes y derechos que lo conforman por cuanto la suma permite satisfacer los créditos contra la masa reconocidos, las costas del procedimiento y además el banco del Consell es el titular del 85% de la deuda de la Aligestión.

Ahora bien, en el caso del Rico Pérez hay un trámite necesario al que hay que dar cumplimiento y es la cancelación de condición resolutoria que grava su compra por Aligestión desde 2007. En administrador concursal, Miguel Hérnández ha reclamado sin suerte hasta la fecha al consistorio que se lleve a efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal del 26 de noviembre de 2012 por el que se decidió devolver el depósito de 4,3 millones de euros a Aligestión y levantar esa condición resolutoria, al entenderse con base a los informes de los técnicos que la mercantil había dado cumplimiento a la obligación de invertir un mínimo de 4,3 millones de euros en la reforma del estadio. La Tesorería Municipal le reintegró el dinero pero no se canceló la condición. 

Tanto Miguel Hernández como el actual gobierno tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) se encontraron con esta 'patata caliente' que, eso sí corresponde a los segundos resolver. La serias dudas que existen sobre los trabajos de reforma realizados, algo que ya ha plasmado la Concejalía de Urbanismo en un informe, han llevado al consistorio a no atender hasta la fecha las reiteradas peticiones del administrador concursal de Aligestión, si bien desde Alcaldía se solicitaba recientemente al área que dirige Miguel Ángel Pavón un segundo informe concluyente sobre los trabajos para decidir finalmente si se cancela o no la condición resolutoria. El gobierno municipal descarta reclamar la propiedad del estadio aunque con el segundo informe se concluya que no hubo cumplimiento de la obligación de reformar el estadio (habría que reintegrarle a Aligestión el precio que pagó en su día, 7,1 millones), pero también quiere tener claro que cancelar la condición resolutoria no le impide adoptar otras medidas, como emprender acciones judiciales contra los responsables de dar el visto bueno a los supuestos trabajos en su día. 

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alicante y el IVF están negociando un convenio de cesión del Rico Pérez mientras el segundo le busca un comprador y es que el objetivo final del banco del Consell es vender la instalación para compensar parte de los 18 millones de euros que le adeuda la Fundación del Hércules, a cuenta del aval del mismo importe que le prestó en 2010 ante el Banco CAM. Aligestión ha respondido por la Fundación ante el IVF como fiadora.