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El IVF gana en la prórroga

Foto: Rafa Molina
7/02/2017 - 

ALICANTE. Todavía ha de dar el visto bueno la magistrada María José Hernández Rodríguez, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, pero la subasta de los bienes y derechos de Aligestión Integral, entre los que se encontraba el estadio José Rico Pérez, se cerró ayer con una puja del Instituto Valenciano de Finanzas.

Seis minutos después de finalizar la subasta, Alicante Plaza adelantaba que la autoría de la puja de 3.750.000 euros que reinaba en el portal del Boletín Oficial del Estado desde las seis de la tarde correspondía al banco del Consell. La suma, inferior al 50% del valor que el administrador concursal de Aligestión había asignado al lote (14.748.871,36 euros) que además del estadio integraban el 15,07% de los títulos del Hércules y varios derechos de crédito que tiene al club como deudor, obliga a que tenga que ser el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante el que tenga que darla por buena. El hecho de que el IVF sea el máximo acreedor de Aligestión (es el titular del 85% de su deuda) a buen seguro que pesará sobre la decisión de la magistrada que tiene diez días para adoptarla.

La existencia de varios créditos privilegiados, además de las costas del procedimiento y honorarios del administrador, hará que de los 3.750.000 euros el IVF no recupere exactamente el 85% de esa suma, pese a ser el dueño en ese porcentaje de la deuda de Aligestión y tampoco que el resto de acreedores (Agencia Tributaria, SUMA, el Banco CAM, el Udinese, un conocido intermediario inmobiliario de la Marina Baixa o sociedades de Enrique Ortiz y Juanjo Huerga) se repartan el 15% restante.

No fue un paseo triunfal para el IVF

Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez se reunieron la mañana del pasado viernes y si bien, tanto antes como después del encuentro negaron a Alicante Plaza su interés en la subasta, este lunes quedó claro que interés tenían y mucho: desde primera hora de la mañana y especialmente entre las cuatro y media y las seis de la tarde protagonizaron un mano a mano con el IVF en el que demostraron que estaban dispuestos a desembolsar 3.550.000 euros por un estadio por el que, si desean adquirirlo cuando el brazo económico del Consell lo ponga a la venta, habrán de desembolsar más dinero (buena prueba de ello es que el IVF igualó sin dudarlo su oferta, cuando había dejado claro que si alguna puja era superior a lo que aspiraban obtener en la venta posterior no iba a obstaculizarla).

El Hércules podrá seguir utilizando el Rico Pérez

Como ya apuntara a principios de año a Alicante Plaza, Manuel Illueca reafirmaba este lunes su interés en que el Hércules pueda arrendar al IVF el Rico Pérez, toda vez que el contrato que mantenía con Aligestión ha quedado cancelado automáticamente con la subasta. En declaraciones a la Agencia EFE, Illueca se refería al club blanquiazul como "joya deportiva de la Comunidad" y adelantaba que el Instituto estudiará ese contrato por si cabe reeditarlo. "Si el Hércules tiene problemas no va a ser por el IVF" sentenciaba un Illueca que lamentaba la "guerra judicial" y trabas puestas por Aligestión.

La normalidad que Illueca pretendía imprimirle a la nueva situación era coincidente con la que Carlos Parodi, presidente del club blanquiazul, interpretaba lo ocurrido: "El estadio no siempre ha sido del Hércules", decía Parodi, que insistía en que el club se reunirá con la propiedad en cuanto sea posible para negociar el alquiler porque "no concebimos un Rico Pérez sin el Hércules".

La negociación arrancará en breve y tendrá al Ayuntamiento de Alicante y a su alcalde, Gabriel Echávarri como mediador.

Desde 2007 el Hércules tenía arrendado por 25 años el estadio a cambio de un precio anual equivalente al 7% de sus ingresos brutos por ejercicio (66.000 euros la pasada campaña y a 54.000 la anterior) y corriendo el mantenimiento de la instalación de su cuenta. La última suma que abonó el club a Aligestión en concepto de alquiler ascendía 229.000 euros que se correspondían con un derecho de crédito, cuyo pago fue instado judicialmente por la mercantil y una vez liquidado desapareció del listado de bienes y derechos de Aligestión que finalmente han salido a subasta.

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