El presidente Puig visitó a los refugiados ucranianos en Ciudad de la Luz el pasado martes 15 de marzo. Foto: GVAVALÈNCIA. El Consell del Botànic, formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, está atravesando una legislatura en cierto modo distópica. La pandemia mundial y ahora una guerra de consecuencias imprevisibles han desestabilizado -y siguen haciéndolo- cualquier plan de gobierno a medio plazo. Así, mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el resto de su Ejecutivo, pensaba estar hablando a estas alturas únicamente de la llegada de fondos europeos y la reconstrucción postcovid, se encuentra además gestionando el envío de ayuda humanitaria y la llegada de refugiados ucranianos por el conflicto.
Este sensible cambio de prioridades también se deja notar, como ya ocurrió en la pandemia, en las estrategias de gestión y comunicación que emanan del Palau. La irrupción de la covid provocó una reacción inmediata desde Presidencia, que pasó a controlar buena parte de las decisiones, incluidas las sanitarias y también las que atañían a otras patas del Ejecutivo. Un hecho que provocó ciertos roces y protestas por parte de sus socios, especialmente de Compromís.
De hecho, cabe recordar el malestar a finales de 2020 de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Mónica Oltra, por no haber mantenido durante semanas una reunión con Puig tras el conflicto surgido de la elaboración de los presupuestos. De aquella reunión finalmente celebrada tras diversos dardos públicos, surgió que se cambiaría el modo de elaborar las cuentas pero también que tanto la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como la de Educación (ambas lideradas por Compromís) serían incluidas en Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), órgano impulsado por Puig en el que no estaban incluidos y donde se tomaban decisiones importantes sobre la pandemia como el cierre perimetral o el toque de queda.
Curiosamente, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y la inminente llegada de refugiados, se han tomado determinadas decisiones que recuerdan a ese deseo de control por parte del PSPV, especialmente desde el Palau, de todas las cuestiones relacionadas con esta crisis. El pasado 11 de marzo, la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana -en manos de los socialistas- creaba un Centro de Coordinación por la emergencia de desplazados ucranianos, un órgano que en cierto modo recuerda a la Cecopi de la covid.
En ese órgano, según el comunicado oficial, participan "Delegación y Subdelegaciones en la CV, Policía Nacional, Guardia Civil, extranjería, Dependencia de Trabajo e Inmigración, Justicia, Interior y Administración Pública, Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Coordinación de Diálogo Social, Sanidad Exterior y Aeropuerto de Alicante". Es decir, al margen de los cargos funcionariales, el resto de representantes pertenecen a áreas controladas por el PSPV, sin que hayan sido incluidos otros representantes de Compromís y Unides Podem de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la de Educación o la de Transparencia y Cooperación, que podrían tener algo que decir respecto a la gestión de los desplazados.
De hecho, cabe recordar que desde la Conselleria de Igualdad se puso en marcha en 2015 a raíz de la llegada de desplazados de Siria y de la crisis del Aquarius la Comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas, donde hay una representación plural del Botànic, y que viene reuniéndose también por la actual situación de Ucrania.
En este sentido, y recordando la crisis del Aquarius donde se acordó tener especial cuidado respecto a las imágenes de políticos en la llegada del buque humanitario, tampoco ha agradado a los socios de Puig la visita del presidente de la Generalitat al centro de refugiados en la Ciudad de la Luz acompañada de imágenes del presidente en el recinto.
A todo ello hay que unir diversas situaciones de confusión a principios de marzo como el anuncio de que en Alicante se situaría, a petición del Ministerio de Presidencia, el citado 'hub' de redistribución de refugiados en la Ciudad de la Luz. Algo de lo que se informó a posteriori y de forma limitada a los socios, y que fue acompañado de la designación de la directora general de Diálogo Social en Presidencia, Zulima Pérez (PSPV), como coordinadora de la acción logística de los tres centros donde se hace el acopio del material. Una situación que generó inicialmente ciertos roces también en la Conselleria de Transparencia y Cooperación liderada por Rosa Pérez (Unides Podem), que tiene competencias en esa materia.
