ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado una propuesta de declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de junio en la que plantea la adopción de "una batería de propuestas encaminadas a la lucha contra la ocupación ilegal para ser llevadas a cabo tanto por el propio Ayuntamiento como por el Gobierno de España".
Fuentes de Vox han indicado, a través de un comunicado, que la iniciativa es "un paso más en la campaña que Vox está llevando a cabo en todo el país para poner freno al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas". Entre las medidas planteadas en esa propuesta figuran acciones como "convertir el retén de la Policía Local en Juan XXIII 2º Sector en una auténtica Comisaría de Distrito para dar un servicio más cercano y efectivo a los barrios de la Zona Norte, principales afectados por el incremento de la ocupación ilegal". Además, también plantea "la creación de una unidad específica de policía de barrio para el distrito nº2 de Alicante".
De igual modo, propone "realizar una convocatoria trimestral de la Junta Local de Seguridad (órgano en el que también participa la Subdelegación del Gobierno) y que entre los puntos del orden del día figure la coordinación necesaria entre la Policía Nacional y la Policía Local para luchar contra la ocupación ilegal". De igual modo, solicita "desarrollar el convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, anunciado por el propio alcalde de Alicante, Luis Barcala, para asesorar a los propietarios alicantinos en la lucha contra la ocupación ilegal". Asimismo, Vox solicita que el pleno del Ayuntamiento de Alicante inste al Gobierno de España a reformar el Código Penal para que se castigue con penas de 4 a 6 años de prisión a los ocupas que entren, mediando violencia o intimidación, en una vivienda ajena.
Según el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, "es hora de que el Ayuntamiento de Alicante tome decisiones efectivas en la lucha contra la ocupación ilegal en nuestra ciudad. Los alicantinos residentes en la Zona Norte denuncian el absoluto abandono que sufren por parte de las instituciones, incluido el propio Ayuntamiento así como el incumplimiento sistemático de las promesas que se les realizaron en la campaña de las elecciones locales en 2019. No podemos seguir mirando para otro lado con un problema de tal magnitud y que está poniendo en jaque nada menos que la seguridad y la tranquilidad de decenas de miles de alicantinos residentes en los barrios del norte de la ciudad. Es hora de coger el toro por los cuernos y dejarse de eslóganes vacíos que no conducen a nada".
En esta línea, sostiene que "contamos con grandísimos profesionales en nuestras policías Nacional y Local y deben trabajar de forma coordinada para poner fin a esta peligrosa lacra que es la ocupación ilegal. La Zona Norte debe contar con su propia comisaría de distrito de la Policía Local, no con un mero retén y la Subdelegación del Gobierno debe abandonar ese camino de cerrar la Comisaría de las Mil Viviendas. Debemos abandonar el buenismo y dar herramientas a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ayudar a las familias que ven como sus barrios de toda la vida se degradan a pasos agigantados. Es nuestra responsabilidad como políticos y estamos fracasando en ella día tras día por evitar ser señalados por una izquierda que ha abandonado la búsqueda del bienestar de los ciudadanos alicantinos. Para Vox no hay ciudadanos de primera y de segunda. Debemos proteger a todos y cada uno de los alicantinos y alcanzar la seguridad plena en nuestros barrios", asegura Ortolá.
Además, Vox anuncia que su presidenta provincial y portavoz en las Cortes Valencianas, Ana Vega, visitará el barrio de Juan XXIII 2º sector, "acompañada de los concejales y diputados autonómicos y nacionales para trasladar personalmente a los vecinos el contenido concreto de estas propuestas, así como para conocer de primera mano la terrible situación que están sufriendo los alicantinos en una de las zonas con el mayor nivel de ocupación ilegal de toda España".