El portavoz municipal de Vox en Alicante, Mario Ortolá.ALICANTE. La tramitación de las iniciativas de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante para su inclusión en el orden del día del pleno ordinario de octubre arranca con una propuesta que trata de sacar rédito en el debate sobre la descentralización, y otra que afecta a asuntos no relacionados de manera estricta con la ciudad de Alicante. Se trata, en primer lugar, del planteamiento promovido por el grupo municipal de Vox, con el registro de una declaración institucional (un posicionamiento político sin eficacia ejecutiva) en la que se insta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a las Cortes Valencianas a que "inicien las actuaciones legislativas, económicas y materiales necesarias" para el traslado de la sede de la Conselleria de Educación a la ciudad de Alicante. Vox responde, así, "a la iniciativa del propio Puig de descentralizar instituciones estatales bajo el argumento de que no hay ninguna doctrina que diga que tiene que estar todo en Madrid", según han apuntado fuentes del partido, a través de un comunicado.
En palabras del portavoz municipal, Mario Ortolá, "si el presidente Puig quiere que se descentralicen instituciones del Estado y se repartan por España sus sedes principales, los alicantinos también queremos que se descentralicen las instituciones autonómicas, más allá de una Conselleria de Innovación cuyo traslado a Alicante fueron meras migajas para intentar acallar las reivindicaciones de nuestra provincia y nuestra capital, históricamente ninguneadas tanto por el Partido Popular como por el PSOE desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982".
"Como Ayuntamiento de la capital provincial tenemos una responsabilidad añadida para exigir un cambio del estado de cosas actual que implique reducir, en pro de la provincia y la ciudad de Alicante, el efecto capitalidad que tiene la ciudad de Valencia", ha añadido Ortolá. "Desde Vox Alicante estamos firmemente convencidos de que el primer paso que se debe dar en la descentralización de las instituciones autonómicas es el traslado a la ciudad de Alicante de la sede principal de la Consejería de Educación. No solo se dotaría de un peso específico de nuestra provincia tan denostada por Valencia sino que serviría para empezar a resolver el problema de la imposición lingüística del valenciano normalizado o catalán en una provincia donde la mayor parte de su población tiene como lengua materna el español, según los propios estudios de la conselleria de Vicent Marzá", según apunta Ortolá. "Debemos darle visibilidad a un problema real de las familias alicantinas y españolas venidas de todo el territorio nacional que sufren dicha imposición como un problema añadido a la ya liberticida regulación educativa del gobierno central y del gobierno valenciano", ha recalcado.
"Esperamos y deseamos que Partido Popular, Ciudadanos y, al menos, el PSOE apoyen esta iniciativa ya que estarían trasladando a la Comunidad Valenciana exactamente las mismas exigencias que su líder está trasladando actualmente al Gobierno de España. Es de justicia que la provincia de Alicante tenga la importancia que merece y qué mejor primer paso que traer a Alicante una de las principales consejerías del gobierno autonómico. Sólo pedimos que se aplique lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía que recoge la posibilidad de establecer en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. Es cuestión de voluntad política. Los alicantinos lo merecemos", ha concluido Ortolá.
En segundo término, el grupo municipal de Unides Podem EUPV ha anunciado un acuerdo con el representante del pueblo saharaui en Alicante, Lehib Abisalem, para elevar al pleno municipal de Alicante ""una declaración institucional de apoyo a la resistencia saharaui y exigir al Reino de Marruecos que detenga las torturas en los territorios ocupados". Fuentes de la confluencia han apuntado, a través de un comunicado, que "en la moción se hará referencia explícita a la necesidad de terminar con las torturas que está padeciendo la activista Sultana Jaya, convertida en emblema de la resistencia en los territorios ocupados".
El comunicado incide en que "Reino de Marruecos ha impedido la entrada a una comisión médica internacional que precisamente iba a los territorios ocupados para tratar y documentar las torturas que está padeciendo la población, y especialmente, el caso de la activista Sultana Jaya". "El grupo municipal de Unidas Podemos EUPV, buscará el acuerdo con el resto de fuerzas políticas democráticas del consistorio", añade el comunicado.
Así, el portavoz municipal, Xavier López, ha recordado "los vínculos históricos, sociales, emocionales y sobretodo legales que nos unen al pueblo saharaui no nos permiten permanecer impasibles ante su sufrimiento". Así, ha apuntado que "el caso de Sultana Jaya es una prueba de las torturas a las que someten las autoridades marroquíes a los activistas que resisten en los territorios ocupados, y no podemos mirar hacia otro lado".
Por ello, el portavoz ha mostrado su convicción de que "el pleno de Alicante no va a dar la espalda al pueblo saharaui y estamos convencidos que llegaremos a un acuerdo para mostrar nuestra repulsa a las torturas y pedir que se respete la legalidad internacional en la antigua colonia española".
