VALÈNCIA. Hace poco más de tres meses que el PPCV liderado por Carlos Mazón alcanzó un acuerdo con Vox para gobernar conjuntamente en la Comunitat Valenciana. Pocos días después de ese pacto exprés, María José Catalá se convertía en la nueva alcaldesa de València en este caso sin los votos del partido de Santiago Abascal. Posteriormente, en el ámbito autonómico llegaron los flecos del acuerdo, la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y el nombramiento y toma de posesión de los distintos consellers. En el consistorio, paralelamente, el posible acuerdo entre PP y Vox no terminaba de producirse -ni siquiera se traslada a día de hoy que existan negociaciones- por lo que Catalá diseñaba su equipo de gobierno en solitario.
Esta semana, tanto en la escena autonómica como en la local, se ha producido un cambio de paradigma de lo que se había vivido en los últimos tres meses. Vox había alargado su aterrizaje hasta un punto llamativo: escasa agenda -especialmente en el Ayuntamiento de València-, pocos anuncios de relevancia, débil visibilidad mediática -apenas entrevistas a los nuevos cargos-... un inicio de legislatura que ha alimentado la creencia de que el destino de esta fuerza política será absorción por parte del PPCV. Sin embargo, Vox parece haber despertado en esta semana en ambas instituciones y en su desperezo le ha recordado a los populares que son necesarios para gobernar.
En relación a la Generalitat, las comparecencias en Les Corts del vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera y, en especial, de la consellera de Justicia, Elisa Núñez, han puesto de manifiesto que desde Vox, más allá de que todavía no se hayan producido encontronazos públicos graves, tienen intención de defender su espacio incomode o no a su socio. En cuanto a Barrera, aunque se autoproclamó como un "socio fiable" y se observó sintonía con Mazón, tejió un discurso muy político donde su mensaje principal fue la lucha contra el "pancatalanismo supremacista y cultural" que busca "robar nuestra singularidad, la identidad propia y busca separarnos de nuestros compatriotas de España". En esta línea, el vicepresidente apostó por una redefinición del sistema de ayudas culturales y anunció que desde su área se destinarán ayudas nominativas tanto a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) como a Lo Rat Penat, dos instituciones que han sido "sistemáticamente ignoradas" por el Botànic.
Un discurso que se asemeja al que en el PPCV mantenía muchos años atrás pero que, según etapas -tiempos electorales, gobierno u oposición- los populares han ido regulando o suavizando a conveniencia. De hecho, fue este partido bajo el mando de Eduardo Zaplana el impulsor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en 1998 y dejó de lado a la RACV. Aunque ahora Mazón ha abierto un diálogo con la AVL para "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos", está por ver si en este tipo de debates el PP está dispuesto a llegar, más allá del artificio de las grandes declaraciones, hasta donde quiera llegar Barrera. Y en este punto es donde habrá que comprobar si Mazón y los suyos coinciden con sus socios o Vox se hacen con ese espacio anticatalanista.
Menos sutil es la distancia que puede haber sobre la violencia de género; un término que los populares reconocen pero que Vox rechaza y sustituye por "violencia doméstica". Así, el pasado miércoles, la vicepresidenta segunda del Consell y responsable de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero (PP), utilizó el mencionado término en diversas ocasiones en su intervención aseguró "el compromiso que tiene el nuevo Ejecutivo autonómico con la lucha contra la violencia de género". Como muestra, mencionó que mantendrán la Dirección General de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, además de crear de el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer. Además, Camarero aseguró que su departamento se personará de oficio como acusación en procedimientos judiciales sobre delitos de odio.
Apenas 24 horas después en la misma trona, la consellera de Justicia, Elisa Núñez, expresaba su posición -muy alejada en este punto- sobre la cuestión; y lo hacía recalcando su incorporación reciente a Vox, en lo que parecía también situar una especie de barrera imaginaria a esas teorías sobre la futura absorción de sus cargos por parte del PPCV. "Están tan obsesionados con el género que creen que este departamento -en referencia a la Dirección General de Atención a las Víctimas- es sólo para mujeres, y nosotros lucharemos por otras víctimas", proclamó, para añadir: "Ustedes utilizan a las mujeres como coartada para sus delirios. No les permitiremos que utilicen a las mujeres y protegeremos a todas las víctimas". Un mensaje que, a priori dirigido a la oposición, también concernía a la propia Camarero porque defiende esa terminología.
Tampoco hay que perder de vista cómo semanas atrás el propio Mazón salió cruce para asegurar públicamente que se mantendrían las oficinas de asistencia a las víctimas de violencia de género, horas después de que la consellera señalara que estaban estudiándolo. Desde Justicia, mostraron internamente su sorpresa por la intervención del propio presidente puesto que en ningún caso habían manifestado que fueran a cerrarse sino que se estudiarían si ampliaban o reducían sus competencias.
Más tensión y menos disimulada se vive en el Cap i Casal entre PP y Vox, dado que en el consistorio no son, al menos todavía, socios de gobierno, puesto que no existe progreso alguno en las conversaciones.
El portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, realizó días atrás su primera rueda de prensa para, básicamente, recordarle a la alcaldesa que gobierna en minoría. Pero ha sido esta semana cuando los rifirrafes se han incrementado.
En primer lugar, con el debate sobre el topónimo de la ciudad. El PP apostaba por retirar que la única denominación fuera en valenciano y se incluyera también el castellano, algo que Vox aceptaba pero modificando la tilde y poniéndola cerrada en vez de abierta, como se fijó en su día desde la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Catalá, que necesitaba los apoyos de Vox para sacar adelante que Rita Barberá fuera nombrada alcaldesa honoraria y poner su nombre al Puente de las Flores, terminó cediendo pese a las protestas de la oposición, que consideran "ilegal" el cambio puesto que esta variación debe hacerse bajo un informe de la AVL, máxima autoridad lingüística según reconoce el Estatuto de Autonomía.
Pero no ha sido el único conflicto de la semana. Un encontronazo entre dos concejales de PP y Vox por una cuestión formal en la comisión de Urbanismo también ha puesto en evidencia que el clima no es demasiado bueno y que desde el partido de Abascal no piensan dejar pasar una en el consistorio.