Los ediles de Vox en Alicante, Mario Ortolá y Pepe Bonet.ALICANTE. Todo son parabienes. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante está dispuesto a poner la alfombra roja a la ordenanza de convivencia cívica promovida por el equipo de gobierno (el bipartito conformado por Partido Popular y Ciudadanos) incluso después de que se hayan estimado las alegaciones formuladas por el partido de Inés Arrimadas. Tanto es así que los dos representantes de Vox prevén renunciar a la posibilidad de presentar observaciones frente a esos añadidos incorporados en la versión definitiva de la norma, con los que Cs pretendía introducir medidas sociales en atención a los colectivos vulnerables y reorientar la imposición de multas para que no se castigase a las mujeres forzadas a prostituirse ni a las personas coaccionadas para ejercer la mendicidad.
Para Vox, "la prioridad es que esa ordenanza entre en vigor y pueda aplicarse cuanto antes, porque es necesaria para la ciudad y no se puede esperar más", según explicó su portavoz municipal, Mario Ortolá. De hecho, el pasado viernes, el propio Ortolá adelantó que su intención era aprobar la versión definitiva del texto en la comisión de Presidencia convocada para este miércoles al considerar que las alegaciones registradas por Cs no desvirtuaban el objetivo esencial de la ordenanza. Es decir, que no había motivos para que su formación rechazase ese texto, como había anticipado que pasaría en el caso de que acabase desnaturalizándose su finalidad.
Ahora, pese a disponer de un plazo de 48 horas para plantear posibles añadidos o modificaciones a su redacción final, Vox escenificará su total sintonía con la propuesta y optará por inhibirse sin promover posibles cambios ni matizaciones que sí han anunciado al menos otros dos grupos políticos opositores. Se trata de Unides Podem EU y Compromís. Los primeros incidirán en la incorporación de medidas sociales efectivas, en la línea de las enmiendas y de las alegaciones promovidas hasta ahora durante la fase de tramitación previa. Los segundos -que solo presentaron enmiendas y declinaron registrar alegaciones- plantearán que el importe de las multas previstas en la ordenanza quede reducido a un precio simbólico, de solo un euro, según fuentes consultadas. Está por ver que alguna de esas sugerencias sobre los añadidos promovidos por Cs pueda quedar aprobada. No obstante, las dos formaciones prevén cumplimentar el trámite de presentarlas para que, como mínimo, quede constancia de sus intentos de participar en la redacción de la nueva normativa.
Solo Unides Podem EU y Compromís registrarán observaciones sobre los añadidos introducidos a la ordenanza tras la incorporación de las alegaciones de Cs
Por su parte, el PSOE -como Vox- también abogaría por descartar la presentación de aportaciones adicionales, aunque por motivos diametralmente opuestos. Para los socialistas, no tendría sentido volver a plantear propuestas cuando ya se ha rechazado hasta en dos ocasiones sus aportaciones (enmiendas y alegaciones) sin que se haya existido voluntad de poder consensuar el texto, según concluyeron fuentes consultadas.
En ese contexto, todo parece indicar que la propuesta quedará aprobada en el pleno ordinario de febrero con el resultado ya previsto desde este viernes: 16 votos a favor (los de PP, Cs y Vox) frente a 13 votos en contra (los de PSOE, Unides Podem EU y Compromís). Así, solo quedaría por dilucidar si esa votación llega a producirse antes o después del debate sobre el presupuesto municipal de 2022, toda vez que sigue pendiente del debate de las enmiendas presentadas por los cuatro grupos opositores. De hecho, todavía no se conocen las conclusiones del informe a elaborar por los técnicos de la Concejalía de Hacienda sobre la viabilidad de las propuestas presentadas.
