La última protesta contra la ordenanza de convivencia celebrada en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. ALICANTE. La ordenanza de convivencia cívica de Alicante promovida por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), llega a la fase final de su tramitación con la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas tras su aprobación inicial, el pasado noviembre. A priori, la versión definitiva del texto podría quedar refrendada en el pleno ordinario de febrero, tras el dictamen previo de la comisión de Presidencia convocada para este miércoles. Básicamente, en ese texto final -que podría entrar en vigor en marzo, tras su publicación en el BOP- se plantea incorporar solo las alegaciones formuladas por el grupo municipal de Ciudadanos (a grandes rasgos, las mismas que quedaron rechazadas en el trámite de enmiendas, al registrarse un año después del plazo previsto para ello) con el fin de introducir el ofrecimiento de medidas de ayuda social y de moderar el impacto de las sanciones sobre colectivos vulnerables, como los mendigos o las prostitutas.
El resto de las propuestas de corrección presentadas durante la fase de exposición al público por grupos políticos, entidades sociales, sindicatos, organizaciones religiosas y particulares (hasta 16 en total, sin contar las de Cs), quedarían descartadas, a partir de la propuesta elevada por el jefe de servicio de la Concejalía de Seguridad. En realidad, solo otro paquete de correcciones -al margen de las formuladas por Cs- se salvan de la criba: las presentadas por uno de los agentes de Policía Local que forma parte de la unidad de grafitis, centradas, precisamente, en el procedimiento de actuación frente a esas pintadas y en las sanciones a aplicar, entre las que plantea que se introduzca la posibilidad de conmutar el pago de multa por la asistencia a cursos de concienciación, por ejemplo.
A grandes rasgos, la respuesta planteada en la propuesta de resolución para el resto de las alegaciones es que el objetivo de la ordenanza no es el de diseñar un plan de intervención social, sino que se trata de proporcionar una herramienta para que la Policía Local pueda actuar frente a aquellas conductas incívicas desarrolladas en el espacio público que alteren las normas de convivencia. Esa apreciación se resume en la contestación concedida a la primera de las alegaciones analizadas, presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), a la que se concreta que: "El objetivo de la presente Ordenanza no es la protección social sino que se reduce a una mera herramienta jurídica para apoyar la actuación policial en orden a prevenir y evitar situaciones que perturban la tranquilidad ciudadana y cuya solución viene demandando la ciudadanía".
Así, detalla que: "En concreto, se refiere a situaciones conflictivas en espacio público relacionadas con el decoro, necesidades fisiológicas, perturbación por ruidos, protección del mobiliario urbano, libre circulación, juegos, mendicidad, servicios sexuales y actividades vandálicas. Se pretende que la Policía local disponga de cobertura jurídica para levantar e instruir actas de infracción ante las conductas perturbadoras y reguladas y que el Servicio de Seguridad canalice con las propuestas sancionadoras pertinentes".
Y por último añade que: "El propio texto señala su revisión cada tres años actualizando e incorporando nuevas conductas en función de las contingencias que se vayan produciendo. No obstante, en su inicio se limita a dar respuesta a las que en la actualidad representan un problema de convivencia ciudadana y cuya solución demanda la ciudadanía".
Con mayor o menor extensión, esa argumentación se repite a la hora de analizar las alegaciones presentadas por PSOE; Unides Podem EU; la agrupación local de EU; la Plataforma Feminista; Solidaridad Internacional del País Valenciano; UGT; Cáritas; Médicos del Mundo; CCOO y REAPHSA. Todas ellas, vendrían a reclamar la incorporación de medidas de apoyo a personas vulnerables, en lugar de que la respuesta municipal sea la de aplicar sanciones. No obstante, en respuesta a todas ellas se apunta la tesis que ya ha venido defendiendo el equipo de gobierno hasta el momento: que ya se disponen de recursos a través del área de Acción Social en esa dirección, además de medidas de asistencia al alcance de quienes la requieran, a través del Plan de Inclusión Social.
EL PARTIDO DE ABASCAL INSISTE EN DESVINCULAR LA ORDENANZA DE SU POSIBLE APOYO AL PRESUPUESTO DE 2022, AL SOSTENER QUE "SON NEGOCIACIONES DISTINTAS", SEGÚN SU PORTAVOZ MUNICIPAL, MARIO ORTOLÁ
De este modo, con el añadido de la graduación de las sanciones planteada por Cs (ya adelantada por Alicante Plaza), todo parece indicar que la ordenanza quedará ratificada sin obstáculos en la comisión prevista para el próximo miércoles. Salvo cambio de criterio de última hora, la propuesta quedará avalada con los votos del equipo de gobierno y de Vox, pese a que sus representantes habían advertido de la posibilidad de votar en contra en el supuesto de que se introdujesen modificaciones sustanciales que alterasen el objetivo de la ordenanza. Esa hipótesis habría quedado despejada este mismo viernes. Cuando menos, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha concretado -a consulta de este diario- que la propuesta de incorporación de las alegaciones de Cs no supone ningún impedimento para que puedan votar a favor, en la medida en que "no han tocado nada de lo sustancial". "Seguimos considerando que la ordenanza es positiva y que no se ha suavizado, en tanto que se sigue sancionando la mendicidad coercitiva y la prostitución", añadió. "Es una ordenanza buena y tiene que salir", ha añadido.
¿Supone su apoyo a la ordenanza un espaldarazo para que también se pueda aprobar el presupuesto municipal de 2022? A priori, no tendría por qué ser así. Como mínimo, el propio Ortolá ha insistido en desligar los dos acuerdos al sostener que "desde el principio hemos desvinculado las negociaciones sobre los dos asuntos porque pensamos que tienen importancia por sí mismos como para abordarlos de manera conjunta". En todo caso, lo cierto es que, como el propio Ortolá ha venido admitiendo hasta ahora, la predisposición de su grupo es la de facilitar que las cuentas prosperen, aunque el voto de Vox vaya a depender "de la aceptación que puedan tener nuestras enmiendas", según ha defendido hasta ahora.
Por el contrario, la propuesta sigue contando con el rechazo en bloque de las tres formaciones del eje progresista representadas en la corporación. Sus representantes han vuelto a criticar el planteamiento del bipartito a través de tres comunicados distintos. En primer término, la edil socialista Llanos Cano ha afirmado que "no tiene sentido que las únicas enmiendas aceptadas sean las del propio gobierno municipal. Está claro que se ha tomado el pelo a la ciudadanía al no tenerse en cuenta ninguna de las alegaciones ni del resto de grupos políticos, ni de Cáritas, ni de UGT, ni de CCOO ni de expertos en esta materia. Esto tiene un peso ideológico y nada técnico".
Para Cano, "Ciudadanos hace un lavado de imagen incorporando ciertas cuestiones, pero el problema de fondo es que es una ordenanza injusta y cruel. Es una norma despojada de cualquier contenido social, y de convivencia solo tiene el nombre porque ya les ha dado grima bautizarla como contra la mendicidad y prostitución plus". En esta línea, señalado que el PSOE va a exigir "la convocatoria del Consejo Local de Igualdad. Barcala no sabe cómo contentar a Vox para que le aprueben los presupuestos. Nos parece absolutamente impresentable que este alcalde quiera 'imponer' una norma que atenta contra lo más básico de los derechos fundamentales de las personas y ataca a la población más vulnerable", ha añadido Cano.
Así, ha asegurado que "pedimos que se convoque el Consejo para que elabore un informe actualizado sobre la nueva ordenanza, teniendo en cuenta todas las alegaciones presentadas y ahora rechazadas. Si Barcala, como nos tiene acostumbrados, es capaz de pactar con la ultraderecha esta norma que atenta contra derechos básicos, tendrá siempre al PSOE enfrente".
En segundo término, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha apuntado que "aceptar las alegaciones de Ciudadanos no supone más que maquillar una ordenanza que va a seguir persiguiendo a las personas más vulnerables de esta ciudad. Una ordenanza que va a convertir Alicante en un municipio más inseguro para quienes no tienen casa, para las mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Mucho más inseguro para colectivos migrantes y para el colectivo LGTBI".
En este sentido, ha considerado que "este es el pago de Barcala a Vox, a la ultraderecha más rancia de Europa, a cambio de su voto a sus malos presupuestos. Por eso están acompasando la tramitación de ambas iniciativas. Y desde luego, ya adelanto que Unidas Podemos va a agotar todas las vías para parar esta norma y que nunca llegue a entrar en vigor".
Por último, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha sostenido que "ya advertimos que el PP solo pretende con esta Ordenanza de la Vergüenza contentar a sus socios ultras y conseguir su apoyo en presupuestos. Es la certificación de una norma regresiva y cruel que revictimiza a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente personas sin hogar y mujeres víctimas de las mafias de prostitución, en lugar de ofrecer recursos públicos de protección social y acompañamiento en programas e itinerarios de inserción. Esta ordenanza no va contra las mafias, sino que impone sanciones, en lugar de soluciones, a quien más necesita el apoyo de las administraciones".
Para Bellido, "la decisión de Mazón y Barcala de abrazarse a la radicalidad, la demagogia y el populismo de la ultra derecha, haciendo caso omiso del clamor de la sociedad civil y las entidades sociales, sindicales, cívicas y religiosas, pone punto y final al mandato del Bipartito y sitúa absolutamente prioritario la necesidad de articular mayorías progresistas plurales que cierren el paso a la agenda de PP-Vox y sitúen como elemento compartido la defensa de la Agenda 2030 y los ODS y el respeto a los derechos humanos, dentro de una estrategia de transformación urbana que coloque como prioridades la lucha contra las desigualdades sociales y la agenda de la transición ecológica frente al reto de la crisis climática".
