La guerra de relatos entre el Consell y el Gobierno, entre el PP y el PSOE, por echarse a la cara los 223 muertos, tres desaparecidos y centenares de miles de damnificados por la Dana del pasado 29 de octubre –y Mazón sin dimitir– ha derivado, a medida que pasa el tiempo y los fallecidos ya no son noticia, hacia una guerra de cifras en la que las administraciones compiten por ser las que más dinero ponen para la reconstrucción. Una avalancha de notas de prensa y propaganda, no pocas recauchutadas, para contrarrestar lo que es una evidencia, que siguen llegando tarde.
Tarde y sin coordinación, cada administración a la suya, que es la peor forma de afrontar una recuperación, como explicaba Rodríguez-Pose en esta interesante entrevista. ¿Se han reunido ya Gan Pampols y José María Ángel, nombrado hace casi dos semanas, para coordinarse al margen del enfrentamiento entre Generalitat y Gobierno? ¿Han hablado Mazón y Sánchez desde la visita a Paiporta?
Anunciar ahora una nueva ayuda que se le ha ocurrido a algún asesor porque tienes que anunciar algo en la sesión del control de Les Corts será de agradecer por parte de los damnificados, pero no es para sacar pecho porque han pasado casi dos meses desde la hecatombe y otra vez llegas tarde. Es lo que tiene tener a tu equipo distraído en reforzar la trinchera mediática en lugar de estar en lo que toca.
Un ejemplo: las empresas mostraron su preocupación por el régimen fiscal de las donaciones a sus empleados afectados por la Dana, como publicó este periódico el pasado 2 de diciembre. Preocupación por los empleados, por si Hacienda les hacía pagar por ello en el IRPF. Mazón reaccionó diez días después, cuando la asociación de supermercados Asucova –a instancias de Mercadona y Consum– hizo pública una carta enviada a él y al Gobierno para que esas donaciones estuvieran exentas en el IRPF, pero no hizo otra cosa que incorporar el agravio a su argumentario contra Sánchez. A veces da la impresión de que Mazón agradece a Sánchez que no le haga caso porque, aunque pierdan los valencianos, él suma artillería para atacar al Gobierno.
Mientras, fue la Confederación Empresarial Valenciana la que se arremangó, primero reuniéndose con el Gobierno –sin éxito– y luego con el PP y Sumar en Madrid para colar una enmienda que librase a los donatarios de preocupaciones, enmienda que finalmente salió aprobada gracias a los votos de PP, Vox, Junts, UPN y tres representantes de ERC.
Cuando Diana Morant y Àgueda Micó tengan a bien pasarse por Paiporta, estaría bien que explicasen a sus vecinos por qué los diputados valencianos de PSOE y Compromís –la propia Micó incluida– votaron en contra de que las víctimas de la Dana que recibieron un dinero de sus empresas porque habían perdido su casa no tuvieran que pagar impuestos por esas ayudas como si se hubieran enriquecido. Ya puestos, solo por curiosidad, podría explicar el simpático pero nada empático Aitor Esteban el voto en contra del PNV, que cada vez se mete más en cuestiones que en nada atañen, ni benefician ni perjudican al País Vasco.
El penoso espectáculo de las sesiones de control, que deberían ser eliminadas para evitar un mayor deterioro de la democracia, deja fuera de plano lo más importante de la actividad parlamentaria, que son las votaciones. Ahí se decide la política fiscal y el destino de los impuestos que pagamos. Ahí se retratan los representantes que hemos votado para que defiendan, además del interés general, los intereses de los valencianos.
Y ahí se descubre que los 33 diputados y 19 senadores valencianos podrían ser extremeños y nos iría igual de mal porque están ahí para apretar el botón que les dicen, como ya demostraron cuando el derecho civil valenciano. Apretar el botón que nunca es el que toca no por casualidad, sino porque no están o no se enteran, unas veces unos y otras veces otros.
Otro ejemplo: hace un mes este periódico alertó de que el nuevo impuesto a la banca aprobado por el Congreso se iba a repartir de una forma que perjudicaba a los valencianos, noticia ante la que el Consell tardó dos semanas y media en articular una tímida protesta en boca de Ruth Merino, al contrario que el Gobierno de Andalucía, también perjudicada, que salió en tromba al día siguiente.
La injusticia estuvo a punto de revertirse gracias a una enmienda del PP aprobada por el Senado, pero el Congreso volvió a imponer el reparto regresivo con la mayoría supuestamente progresista, esta vez apoyada por Vox. Veinte diputados valencianos de PSOE, Vox, Sumar, Compromís y Esquerra Unida votaron en contra de que la Comunitat Valenciana reciba el dinero que le corresponde. "A veces hay que ceder", justificó Joan Baldoví, que en once años en el Congreso no hizo otra cosa que ceder sin obtener nada a cambio.
Con estos ejemplos, con estos políticos, se entiende que hayamos pasado otro año en blanco –y van once– con lo de la financiación autonómica, financiación que en 2025 empeorará para los valencianos con el nuevo impuesto a la banca. Y lo que nos queda.
¡Feliz Navidad!