El miércoles 10 fue aprobado en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley por el que se establecía el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque es un anhelo y una necesidad que se llevaba demandando desde hace tiempo por una parte de la sociedad, la crisis actual de la COVID-19 no ha hecho más que precipitar su implantación. Con el ingreso mínimo vital se garantiza una renta que oscilará, dependiendo de las características económicas, familiares y personales del perceptor, entre 461,5 y 1.015 euros al mes. Tal y como manifestó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá "que en un contexto como el actual hayamos empeñado esfuerzos y recursos para mejorar la vida de los más débiles creo que nos hace un país un poco mejor. Y creo que todos deberíamos felicitarnos por ello".
Y eso es lo que se ha hecho, mejorar la vida de los más débiles. Está fuera de toda duda que el IMV no debe ser una medida coyuntural para solucionar los problemas de exclusión social de una parte importante de nuestra sociedad en estos difíciles momentos. Tiene que ser una medida de carácter permanente que ha venido para quedarse. Según el ejecutivo, se movilizarán 3.000 millones de euros para reducir la pobreza extrema de nuestro país en un 80%, beneficiándose unos 850.000 hogares y 2,3 millones de personas. De ahí la extrañeza de que se haya tardado tanto en instrumentalizar una renta mínima teniendo en cuenta que, tal y como recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2018, España ocupa el sexto puesto dentro de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza, con una de cada cinco personas en esta situación.
Además, a quién más a beneficiar esta medida es, precisamente a los más vulnerables. A quienes soportan en mayor medida los efectos negativos de la crisis. A este respecto, la Comisión Europea nos había sonrojado al señalar que España arrojaba datos inquietantes de pobreza entre los menores de edad, los hogares con niños y las mujeres. La tasa de pobreza infantil relativa de España es la segunda mayor de toda la UE, con un 26,8%. En el caso de las mujeres, España ocupa la séptima posición en Europa con un 22.2%. No en vano, disponer de un IMV ha sido una constante reclamación de la Comisión Europea.
De ahí que, el IMV ayudará a paliar la situación de, precisamente los más desfavorecidos dentro de los más desfavorecidos. Según el Gobierno, el 30% de los potenciales beneficiarios serán menores y el 16% de los hogares monoparentales y, de ellos, casi el 90% monomarentales. El número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del total.
José Luis Escrivá
Con esta medida por fin se da un paso adelante y se corrige la excepción que España representaba en Europa. Más de una veintena de países ya la tienen implantada. Nuestro país era uno de los pocos países de la Unión Europea que no prestaba esta ayuda a nivel nacional. La adopción de IMV ha supuesto que España coja el tren europeo de la justicia social que hacía tanto tiempo había perdido. De acuerdo a los datos recogidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) las rentas mínimas europeas van de los 200 euros como máximo que se perciben en Polonia a los 2.000 de Luxemburgo.
Tenemos que congratularnos. Esta medida ha conseguido lo que parecía imposible. Que nuestros representantes políticos se pusieran casi de acuerdo. Eso sí, este acuerdo, como está siendo habitual y costumbre, no ha estado exento de rifirrafes y disputas. Pero, visto lo visto, se puede calificar de todo un éxito. Con mayores o menores reticencias, ningún grupo político se ha atrevido a votar en contra de esta medida social. Da igual cuales son los motivos por el cual lo han hecho, lo importante es que no ha habido ningún en contra. Fue aprobado con 297 votos a favor y las 52 abstenciones de VOX.
También es importante resaltar que el IMV, aunque con ciertos matices, ha logrado el respaldo de los agentes sociales. UGT y CCOO lo han tildado de “positivo”, manifestado que es "una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza". Por su parte el presidente de la CEOE, ha afirmado que "No se puede dejar a nadie atrás ya que estamos en un momento muy complicado”, aunque ponía un, pero “no entendemos que se haya aprobado una medida estructural en pleno estado de alarma". Incluso desde el Banco de España, habitualmente alejado de los más desfavorecidos socialmente, se ha mostrado favorable, aunque ha advertido que puede suponer "trampas de pobreza, desincentivos a la oferta laboral o incluso economía sumergida".
Sobre todo, son las ONG’s las que más se han felicitado. La Plataforma del Tercer Sector la ha calificado de “hito histórico”, asegurando que “este instrumento tiene un impacto de carácter social sin precedentes y que beneficiará a las personas más vulnerables, pero también al conjunto de la sociedad, ya que favorecerá la inclusión y la cohesión social”. Sin embargo, es un primer paso, se debe continuar el camino iniciado. A este respecto, aunque Save the Children considera que el IMV es "un gran paso" en la lucha contra la pobreza severa, avisa que dejará fuera a dos de cada tres niños en situación de pobreza y a algunos colectivos vulnerables.
Por fin se ha hecho justicia social. No se podía seguir permitiendo que los devastadores efectos económicos de esta pandemia se volvieran a cebar sobre las clases menos favorecidas. No podíamos quedarnos de brazos cruzados como en la crisis económica de 2008. En nuestras retinas han quedado plasmadas y hemos sido espectadores de las duras imágenes que nos mostraban las interminables colas que salpicaban la geografía de España. Miles de españoles se veían en la necesidad de tener que recurrir a la solidaridad de empresas, ONG`s, asociaciones, vecinos… para poder subsistir. No se podía permitir más que el Estado les siguiera dando la espalda. Había que atajarla para siempre. Lo que ha hecho este IMV es dignificar a estas personas que no deberían tener que recurrir a la caridad para subsistir.
El IMV servirá para completar las rentas mínimas que ya estaban presentes en las Comunidades Autónomas y que apenas cubrían la población en riesgo de pobreza. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 90% de las personas en riesgo de pobreza no podían acceder a las mismas. Además, la disparidad de criterios, beneficiarios, importes y duración hacía necesario establecer una renta nacional que garantizara el principio de igualdad. La Comunidad Valenciana cuenta con una renta mínima que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones supone una cuantía mínima media de 515,13 euros y máxima de 809,44 euros, siendo 18.411 los titulares de la percepción. Con estas cifras, nuestra comunidad, es la cuarta autonomía con una mayor renta mínima y máxima y, la quinta en número de titulares de perceptores.
Según esta Asociación, la Comunidad Valenciana será la tercera comunidad de las más beneficiadas ya que, de los 850.000 de hogares que se estima el IMV, 94.084 (11,07%) serán de la comunidad. No en vano, la Encuesta de Condiciones de Vida situaba la tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana en 2018 en el 22,8%. Siendo Alicante, con el 25,6% la peor situada, por detrás del 21,3% de Valencia y el 20,1% de Castelló. Siendo los colectivos más castigados en Alicante el de las mujeres y los menores. En el caso de las mujeres la tasa está 3,3 puntos por encima que la del hombre, un 24,4%, Por su parte el colectivo de menores de 16 años se sitúa en el 29,7%, 6,9 puntos por encima a la media nacional.
El IMV ha sacado a la luz que hay comunidades de primera, segunda y hasta de tercera categoría. Mientras que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá “sí confía” al País Vasco y Navarra los trámites de esta prestación, aludiendo a la “singularidad”, el resto de autonomías no podrán gestionarla. Ciertamente yo ya estoy cansado de la singularidad. La singularidad no puede crear asimetrías ni agravios comparativos entre territorios. Aunque la Comunidad Valenciana también ha solicitado que se le transfiera la cogestión, la respuesta del ministro ha sido clara "quitando el País Vasco y Navarra, en el resto de España los esquemas de renta mínima tienen resultados bastantes limitados y dispares", por lo que "las comunidades autónomas no están en condiciones" para gestionar la ayuda "muy rápidamente". Es decir, en la Comunidad Valenciana, como ya estamos acostumbrados, no es considerada de primera. La cuestión es ¿somos de segunda o tercera?
José Luis Escrivá