Esta semana Alicante Plaza organizó un foro sobre Habitat en tiempos de pandemia, que contó con el patrocinio de la Conselleria de Vivienda. El encuentro reunió al vicepresidente y titular de Vivienda, además de representantes empresariales, sindicales, institucionales, universitarios y de varios sectores relacionados con la promoción de la vivienda. Todo ellos, expertos en la materia y conocedores de la problemática y cómo ésta se ha acentuado con la pandemia, hasta convertirse en un elemento de desigualdad de primer nivel.
El foro llegó a la conclusión de que la promoción y el aumento de la oferta de la vivienda pública es una necesidad imperiosa. Todos los sectores implicados son conscientes de ello, lo cual puede acelerar los planes de promoción de vivienda, bien en régimen de compra o de alquiler. Esta vez, no sólo está concienciada la propia Conselleria de Vivienda, sino que lo están el resto de administraciones y el sector privado. También veo muy destacada la apuesta del conseller Rubén Martínez Dalmau por la colaboración público-privada, lo cual rompe el mito de todo dirigente de izquierda de que toda promoción debe ser eminentemente pública. En este campo, y más con la urgencia que presenta el mercado, Martínez Dalmau es consciente de que sin la iniciativa privada no puede dar el acelerón que necesita el mercado de la vivienda pública y, sobre todo, la oferta del alquiler público. La intervención de la empresa privada, a través de acuerdos o contrataciones, no solo es necesaria, sino que además es una salida a la crisis que puedan generar el propio Covid en algunos aspectos del mercado inmobiliario.
En el foro se abordaron otras cuestiones sobre la vivienda, que propusieron bien los arquitectos, como la posibilidad de industrializar al sector, bien el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, sobre la posibilidad de que el sector saliera a trabajar al extranjero como han hecho muchas empresas de obras públicas y de servicios. Estas fueron otras dos ideas destacadas de muchas que se pusieron sobre la mesa, todas ellas, muy interesantes.
También hubo tiempo para echar la vista atrás, sobre las consecuencias de haber dejado en un segundo plano la política pública de vivienda y las consecuencias que ha generado la última crisis. Por citar dos asignaturas pendientes, destacaría la escasa promoción de vivienda pública y el pago de las ayudas al alquiler. Como dijo el propio conseller, quizás la crisis no nos obligara a asumir tanta subvención a los alquileres, y más a la promoción de oferta nueva.
Pero la vivienda pública ha sufrido un pecado capital: al fallarle la planificación (pues es evidente que ha fallado), por las razones que fuera, la administración se ha convertido en un elefante poco ágil y falto de instrumentos (no dudo de la voluntad política) para dar una respuesta rápida a las necesidades que ha generado el mercado en los últimos 10 años fruto de las crisis.
Los gobiernos, todos los colores y de todos los ámbitos competenciales, pese a disponer de suelo (como obliga la ley estatal) se olvidaron -hay excepciones- de promover vivienda pública. Tras la crisis de 2008 se generó un stock enorme de vivienda que pudo suplir esa falta de promoción y al mismo tiempo, absorber la demanda que había. Y ahí los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y el Gobierno les faltó más agilidad (o no estuvo en sus prioridades) para adquirir de las entidades bancarias o del Sareb las pisos necesarios para incorporarlos a esa oferta necesaria de vivienda. En muchos casos, el negocio lo hicieron los grandes fondos de inversión. Hubo casos de las administraciones, pero tuvieron muy poco impacto en el mercado inmobiliario: sólo hay que ver el precio del alquiler como se disparó en los últimos años ante la dificultad de los jóvenes para adquirir viviendas (de promoción pública porque nos las había; lo cual desplazó la demanda al alquiler ante la imposibilidad de que le concedieran un crédito para la adquisición).
Y por último, la vivienda de promoción pública debería ser una obligación de toda administración. Para evitar los colapsos generados, o tener que recurrir a inútiles leyes de limitación del precio del alquiler, lo mejor, visto lo visto, incluso para el sector privado, es que exista la obligación casi por ley de ejecutar la construcción de pública para que todos los sectores sociales tengan la opción de poder acudir a ella, bien en régimen de compra o de alquiler. La oferta pública y privada siempre han existido, pese a los desequilibrios. Y además de ser una obligación para todas las instituciones, y una alternativa para el mercado, la vivienda pública es una herramienta muy potente para la política de integración e intergeneracional en una ciudad o en un municipio. Y que los políticos deberán tener muy en cuenta en los próximos años para resolver los desequilibrios generacionales y de movilidad laboral que presenta la sociedad actual, que son muchos y que ahora con la Covid, se han acelerado. La respuesta es urgente y debe venir de un cambio en la propia administración para que sea más ágil. Es necesaria la planificación, pero también que la soluciones no se eternicen en los despachos de la administración, o desaparezcan de la agenda pública porque todo va bien. Ahora más que nunca se han visto lo frágiles que eran las costuras de este sector. O hay cambios, o el objetivo siguen siendo complicado de cumplir.