Una de las pancartas en una de las marchas convocadas frente al desarrollo del proyecto, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los colectivos Unir Alacant y la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) añaden un elemento más para el debate respecto a la situación administrativa actual en la que se encuentra el proyecto para la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto con seis primeros depósitos para señalar que, a su juicio, el proyecto al que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) habría reconocido la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo no es el mismo que su empresa promotora, XC Business 90, presentó ante la Autoridad Portuaria para que se tramitase la modificación de la concesión de la terminal con la que se ampara su desarrollo.
En este sentido, portavoces de las dos plataformas ciudadanas consideran que el proyecto que se presentó ante el Ayuntamiento de Alicante en el trámite de solicitud de licencia "es diez veces menor que la primera fase del proyecto presentado al puerto" por lo que respecta a las cifras de inversión previstas, como por lo que atañe al número de depósitos a los que se da cabida en ambos trámites. "Llevamos tiempo trabajando para evitar que se instalen macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante por su fuerte impacto medioambiental, económico, de seguridad y paisajista que tiene para la ciudad. Desde Unir Alacant y la PPS deseamos aportar elementos que ayuden al actual APA para la solución activa a este gran problema", argumentan sus portavoces, a través de un comunicado.
En esta línea, añaden que "recientemente aportamos argumentos para que la propia APA pueda revisar de oficio la Nulidad de Pleno derecho del acto administrativo que aprobó la modificación sustancial o en su caso para su revocación", en una petición que, según fuentes consultadas, todavía no se habría resuelto.
Con todo, las dos plataformas aseguran que, al margen de ello, se habría aportado a la Autoridad Portuaria "nueva información para ser estudiada por sus equipos jurídicos". En concreto, ambos colectivos señalan que la sentencia del TSJ "otorga licencia ambiental al proyecto presentado en el ayuntamiento de Alicante dentro del expediente incoado el 11/02/2013, para Instalación de Centro de Distribución de combustibles y carburantes petrolíferos, a instancia de la mercantil XC Business 90 S,L" y añaden que "en este expediente consta: 'Proyecto de Instalación para un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos' en el que se incluye un presupuesto total de 578.597€ y un 'proyecto de licencia ambiental para un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos".
En su opinión, esa propuesta es distinta a la que se presentó ante la Autoridad Portuaria, por la que se aprobó la modificación de la concesión de la terminal de mercancías en 2019. "La APA concede la modificación sustancial [...] con el objeto de autorizar la cesión de uso de una parcela a favor de XC Business 90 S.L, para construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles en la confluencia de los muelles 19 y 21 de la Dársena Sur del Puerto de Alicante". "El proyecto presentado a la APA para la modificación sustancial es para 18 depósitos, divididos en dos fases, la primera de ellas consta de 6 depósitos. Independientemente de manifestaciones posteriores de las empresas implicadas", recalcan las dos agrupaciones, a través de su comunicado conjunto.
Así, detallan que en ese segundo proyecto se precisa que el presupuesto del proyecto asciende a un total de 35,78 millones en su proyecto global, con 5.785.970 € para su primera fase y otros 30 millones para la segunda. "Destacamos que no coinciden los proyectos presupuestados presentados al Ayuntamiento y al Puerto, ni en amplitud ni en presupuesto. El presupuesto del proyecto presentado a la APA , aun teniendo en cuenta únicamente la primera fase es de 5.785.970 € , y el presentado en el Ayuntamiento que es 10 veces menor: 578.597€. Por lo que no estamos ante proyectos iguales", argumentan.
"La primera conclusión es que tener licencia ambiental por silencio del Ayuntamiento de Alicante para el proyecto de 2013 no sirve para el proyecto de la modificación sustancial de 2019 ya que no son el mismo proyecto", insisten. "Esto pone en evidencia por parte de la empresa otro comportamiento irregular, irresponsable y con falta de rigor a sabiendas de la dejadez con la que actúa el Ayuntamiento de Alicante", argumentan. "Es increíble que el Ayuntamiento no iniciara el expediente de nuevo cuando se solicitó la modificación sustancial al puerto", añaden. "Desde UnirAlacant y PPS solicitamos a la APA y al Ayuntamiento que se reúnan de una vez para compartir información y coordinar sus acciones, algo que ya debieron hacer desde el principio, para cotejar los dos proyectos y en concreto para estudiar esta discrepancia ya que puede no estar vinculado el puerto por la decisión del TSJ", concluye la nota pública.
