ALICANTE. La Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur de Alicante reacciona ante el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Alicante y la EPSAR para mejorar la capacidad de la estación de bombeo de San Gabriel y el funcionamiento de la depuradora de Rincón de León para señalar que "el Ayuntamiento debería sentir vergüenza ante su irresponsabilidad por verter aguas residuales sin tratamiento de forma ilegal desde hace más de 20 años contaminando así con total impunidad el entorno urbano y marino de la zona sur de Alicante".
El colectivo argumenta que "el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la EPSAR en noviembre de 2019 para la reforma integral de la obsoleta estación de bombeo (EBAR) San Gabriel y la puesta en marcha de los digestores 3 y 4 de la EDAR Rincón de León (sin funcionar inexplicablemente desde hace años) tiene una caducidad de cuatro años, y es consecuencia del incumplimiento reiterado de anteriores convenios y acuerdos pendientes desde 1998". Según la asociación, "los vertidos de aguas residuales fecales e industriales en el entorno urbano y litoral de los barrios Gran Vía Sur y San Gabriel continúan realizándose sin la preceptiva autorización ambiental y con la connivencia y complicidad de la Conselleria de Transición Ecológica, la cual todavía no ha resuelto el correspondiente expediente, no ha exigido al Ayuntamiento las obras e inversiones necesarias para evitar todos los vertidos sin tratamiento por desbordamiento del sistema unitario de alcantarillado que se producen por los 26 puntos de vertido directo al mar ni ha impuesto una sola sanción a este Ayuntamiento".
En opinión de la asociación de residentes, "es escandaloso e indignante que el Ayuntamiento persista en su actitud manipuladora al insistir en que estos vertidos se producen solo en caso de lluvias torrenciales, cuando la realidad es que se producen en cualquier episodio de lluvia, como bien sabemos los vecinos y vecinas de Gran Vía Sur y San Gabriel, que vemos anegadas de aguas fecales nuestras calles y parques cada vez que llueve. Y evidentemente discrepamos de la referencia del Ayuntamiento a que estas inversiones previstas evitarán 'dentro de lo posible' los vertidos al cauce del Barranco de las Ovejas: los vertidos sin autorizar están terminantemente prohibidos por la legislación tanto medioambiental como de saneamiento", añaden.
"Además, recordamos al alcalde y al concejal de Medio Ambiente que este cauce tiene una función fundamental de prevenir inundaciones mediante la evacuación de grandes caudales procedentes de lluvias torrenciales, y que el Ayuntamiento debe erradicar a la mayor brevedad posible los 6 puntos de vertido ilegales existentes en el tramo urbano del Barranco, que provocan sedimentación de sólidos y lodos fecales, lo cual está también prohibido por el riesgo de daños a personas, viviendas e infraestructuras en caso de inundaciones. Además, exigimos la limpieza y mantenimiento ordinario de este cauce por ser competencia municipal al tratarse como hemos dicho de un tramo urbano, en lugar de seguir ensuciándolo y contaminándolo", incide el colectivo, a través de un comunicado.
Así considera que la aprobación del convenio en Junta de Gobierno para "agilizar las inversiones previstas viene claramente provocada por la demanda interpuesta por esta Asociación de Vecinos en el Juzgado de lo Contencioso nº1, procedimiento judicial que actualmente se encuentra en espera de sentencia", concluye el colectivo.
