Imagen de parte de la urbanización de Montepinar. Foto: APORIHUELA. La Asociación de Vecinos Montepinar de Orihuela va a denunciar al Ayuntamiento de Orihuela alegando que se les está negando la información y el expediente de la ejecución de las obras del Proyecto de Reforma Interior (PRI). La asociación trasladará a los tribunales un recurso contencioso administrativo al considerar que se les vulnera su derecho de obtener toda la información de un proyecto que han sufragado ellos.
La urbanización Montepinar, ubicada en una de las faldas de la sierra de Orihuela, viene arrastrando su peculiar situación desde hace más de una década. En 2009, el Ayuntamiento aprobó el PRI para llevar a cabo el acondicionamiento del entorno. En este espacio, muchas viviendas se construyeron sin licencia, a día de hoy muchas siguen estando catalogadas como ilegales, urbanísticamente. El consistorio adjudicó a la mercantil EHISA Construcciónes y Obras S.A., pertenenciente al grupo ELECNOR. El proyecto se presupuestó en 10,5 millones de euros y para ejecutarlo en dos años. Estas obras las han sufragado -así se fijó en su momento- los propios vecinos en función de la extensión de su propiedad.
A través del giro por parte del Ayuntamiento de cuotas, los vecinos han venido pagando las obras. Antes de que terminara el año, el consistorio trasladó la cuota número 20 y la considerada como definitiva. Para contextualizar estos costes, un vecino ha pagado por una superficie de 1.500 m2 ha unos 50.000 euros. En esta última cuota ha sido de 210 euros. Estas cuotas se trasladan una vez se han realizado obras.
Es ahí donde nace parte del malestar de los vecinos. Se les ha notificado que el proyecto ha alcanzado el 98% de ejecución mientras se quejan de numerosas deficiencias. Los vecinos remarcan que hay calles completamente destrozadas tanto superficialmente como las canalizaciones que hay debajo. El edil Urbanismo, José Aix, afirma que la concejalía de Infraestructuras dispone de 360.000 euros que invertirá en la remodelación de estos viales. Otra de las quejas es que hay viviendas que todavía no están en el Registro de la Propiedad y entienden que el objetivo del proyecto es que se registren. Aix desmiente esta última postura, pues, explica que el proyecto no legaliza las viviendas de forma autonómica, sino que tienen que presentar su correspondiente proyecto de legalización. También se quejan de que no se ha cumplido con el requisito de eliminar los postes de telefonía y no se ha soterrado el cable, un incumplimiento del convenio entre el Ayuntamiento, el agente urbanizador y Telefónica España. La lista de quejas es amplia.
Muestran su malestar por no contar con ninguna zona verde y afirman que en los presupuestos participativos de 2018 y 2019 se fijó una cuantía de 120.000 euros. Tampoco se ha suprimido, según señalan, las barreras arquitectónicas y no cuentan con un acceso peatonal acorde en la entrada principal de la urbanización. Se quejan además de la falta de farolas, arquetas, papeleras y otro tipo de elementos.
Tras recibir la notificación de que se ha alcanzado casi el 100% de la ejecución, habiendo pagado todas la cuotas y ante las numerosas deficiencias que señalan, los vecinos han solicitado a través de numerosos escritos al agente urbanizador y al consistorio, toda la información y documentación con la que "saber en qué se ha invertido el dinero de cada vecino propietario". El último escrito lo enviaron mediante acta notarial al Ayuntamiento y burofax a la mercantil "solicitando el expediente completo". Afirman que la empresa o no les responde o les remite al Ayuntamiento. Acusan al edil de Urbanismo de responderles ofreciendo "excusas". Describen esta situación como una forma para que desistan "en nuestra farragosa odisea de la obtención de lo que nos corresponde por ley".
Aix afirma que es falso que se le esté ocultando o negando información. Explica que desde el área de Informática le han trasladado -tras solicitar explicaciones- que ha habido un problema con la platatorma Gestiona, sistema que emplea la administración para trámites y documentos. El sistema tenía bloqueado el acceso a este expediente por parte de terceros. Añade también, que hace unas semanas enviaron una comunicación al abogado para requerirle un correo electrónico donde remitirle la documentación precisa. No obstante, el principal incoveniente que esgrime el edil en este proyecto es que el expediente solo está digitalizado desde 2014, el resto -lo anterior- está en papel. Insiste en que la predisposición para mostar la documentación es absoluta.
Según un documento del Ayuntamiento, desde 2017 se les ha hecho entrega de diferente documentación. Entre ella se encuentra los escritos de la mercantil en cuanto a la justificación de las cuotas de 0 a 16, informes técnicos (mayo de 2017), justificación de la cuota 17 (mayo 2018), copia del proyecto de reparcelación, justificación cuota 18, (enero de 2019), informe de la mercantil sobre el estado de las obras y previsón de terminación (abril 2019), los convenios entre la mercantil e Iberdrola, las actas de recepción parcial de las obras (diciembre 2019) y las últimas en junio de 2020, principalmente numerosos informes.
La asociación de vecinos quiere tener acceso a todo el expediente y comprobar en qué se ha destinado las cuotas que han pagado y dónde se han redirigido las reducciones de partidas presupuestarias que la mercantil anunció en un escrito en agosto de 2012, ya que los propietarios no han tenido una disminución de la cuantía de las cuotas.
