CASTELLÓ. Viver se suma a Vilafamés para regular la implantación de plantas fotovoltaicas en su término municipal. El municipio del Alto Palancia ha abierto el trámite de información pública de una modificación de su Plan General que implica el 'veto' a que cualquier proyecto de energía fotovoltaica -salvo las de autoconsumo- puedan instalarse en suelo de valor agrícola, que supone el 21,5 % del término municipal (1.068,83 hectáreas). En otro casi 25% del término (1.231,4 hectáreas), la instalación de estos macroproyectos se regula con condiciones como un límite de cinco hectáreas por planta. 

El alcalde del municipio, Vicente Domingo Ferrer, explica que la medida tiene un antecedente claro: el proyecto que una filial de Abinergy Green presentó en 2022 para un parque solar de 50 megavatios que ocupaba 650.000 metros cuadrados. La Generalitat Valenciana acabó tumbándolo, pero el consistorio ya había activado las alertas. 

"El proyecto recaía en suelo de alto valor agrológico y cuando aprobamos en Plan General (en 2018) no se contempló específicamente la instalación de este tipo de proyectos, aunque entendíamos que al estar calificados como suelo no urbanizable común de valor agrícola son suelos con protección y se podía impedir la implantación de este tipo de proyectos", explica. 

En este sentido, apunta, en 2020 el Consell aprobó un decreto ley (el de medidas urgentes para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática) que establecía que solo sería incompatible la implantación de proyectos de energías fotovoltaicas cuando estuviera "expresamente prohibido en el planeamiento municipal". 

El alcalde recuerda que el proyecto de Abinergy se iba a instalar en suelo de alto valor y en el que la Generalitat había invertido seis millones en riego localizado. "Era un sinsentido", dice. 

"No es un 'no' a las fotovoltaicas, sino dónde"

Por ello, el Ayuntamiento inició los trámites para aprobar una modificación del planeamiento urbanístico para "clarificar y proteger el suelo" de cara a nuevos proyectos que pudieran llegar, así como para "limitar los usos de la energía fotovoltaica". "No se trata de 'fotovoltaicas NO', sino de dónde", dice Ferrer que, apunta, "dentro del territorio hay otros suelos donde se puede implantar este tipo de proyectos, de ahí la regulación".