VALÈNCIA (EFE). Los juzgados de València han celebrado este miércoles, tras seis aplazamientos anteriores, el juicio por la demanda interpuesta por más de medio centenar de profesores PDI asociados contra la Universitat de València y la Generalitat por discriminación laboral.

Según ha informado la plataforma Personal Docent i Investigador Precariat de les Universitats Públiques, la demanda se fundamenta en el documento “Criterios de reconocimiento integral de la dedicación del PDI”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UV, en el que se reconoce que, por cada hora de docencia, corresponden cuatro horas de actividades relacionadas con la misma como por ejemplo la preparación de clases, la elaboración de materiales docentes o las correcciones de actividades evaluables.

Sin embargo, estas horas únicamente se reconocen para el personal PDI y se excluye al PDI asociado, señalan las mismas fuentes, a pesar de que "realiza las mismas tareas docentes que el resto de PDI".

El juicio había sido aplazado hasta en seis ocasiones, la última hace once meses.

La primera vez, siempre según la referida plataforma, fue porque la defensa de la UV "no contestó los requerimientos que los demandantes le habían presentado hasta la víspera de la vista".

La segunda porque la juez sustituta de la juez encargada del caso, de permiso matrimonial, no era experta en el asunto.

La tercera, por positivo en covid de la juez; la cuarta, por enfermedad de la abogada de la defensa y la quinta por la defunción del marido de la jueza.

La sexta, en marzo del año pasado, fue por la “supuesta” modificación del Decreto 174/2002 de retribuciones del profesorado universitario.

"Según argumentaron en aquel momento, tanto la defensa de la GVA como la de la UV, la modificación del decreto de retribuciones pondría fin a la discriminación del PDI Asociado de la UV y comportaría la nulidad de la demanda por carencia sobrevenida del objeto jurídico de la misma", algo que finalmente no ha sido considerado por el fiscal.

En declaraciones a EFE, uno de los portavoces de la referida plataforma, Jordi Pérez, ha subrayado el "pánico", que "tanto la UV como la Generalitat tienen a esta sentencia", porque la exclusión del cómputo de la jornada de un colectivo docente es una “discriminación laboral flagrante” y no hay otra alternativa que reconocer que sufren "una discriminación laboral respecto al resto del PDI”.

"La sensación que tenemos es muy positiva tras la celebración del juicio. El fiscal ha estimado la demanda", ha señalado Pérez, quien confirma que, a pesar de que los demandantes son 53 profesores, el resultado de este proceso judicial afectará posiblemente a más de 1.500 docentes que forman parte de este colectivo de PDI asociados "sólo en la UV".