VALÈNCIA. Los investigadores del caso Azud dibujan en la parte de la macrocausa sobre la financiación del PSPV un supuesto concierto entre políticos y constructoras con el objetivo de abonar dinero para las campañas electorales de los socialistas en 2007 y 2008. Una vinculación por la que las empresas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación. 

En base a anotaciones, reuniones y pagos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que el objetivo de los presuntos cabecillas de la trama era el reparto de dinero tanto para beneficio personal como para el partido. En una de las operaciones, la sospecha es que la intención fue la de desviar al PSPV un millón de euros. Las indagaciones realizadas hasta el momento consideran acreditado que parte de ese dinero sí llegó al partido y con él se pagaron gastos electorales de tres campañas diferentes: la de las municipales de València de 2007 con Carmen Alborch como cabeza de lista; la de las autonómicas de ese mismo año con Joan Ignasi Pla como candidato; y la de las generales de 2008 a las que se presentó la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como 'número 1' por la circunscripción de Valencia. Otra parte de esas cantidades fueron igualmente cobradas por personas vinculadas a los socialistas.