ALICANTE. El epicentro de la política autonómica -y quién sabe si nacional- se traslada este sábado a Orihuela. Desde primeros de diciembre, una vez pasadas las elecciones generales del 10N, la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró convocó una manifestación contra la implantación de la Ley de Plurilingüismo de la Comunitat Valenciana, ahora en Secundaria (en Primaria ya está implantado). La razón que arguye la asociación de padres es que la actual normativa -aprobada por los partidos de izquierda en las Cortes- supone un perjuicio para muchos alumnos de zonas castellano hablantes. La norma exige que el 25% de las asignaturas se imparta en castellano; el 25% en valenciano, y el 15% en inglés. El porcentaje que falta hasta completar el 100% lo decide el consejo escolar, donde están presentes el profesorado y los padres, entre otros. Y aunque la ley habla de un mínimo del valenciano del 25%, como ha explicado Miguel Soler, cada centro puede decidir, de manera autónoma, que en primero se dé un 17%, en segundo un 20%, en tercero un 23% y llegar a lo que marca la ley con el objetivo de que esa promoción de alumnos que va subiendo vaya consolidando ese aprendizaje y el centro consolide esa estructura.
La FAPA Gabriel Miró, sin embargo, reclama que prevalezca el derecho a elegir la lengua vehicular de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, exigen que el programa de educación plurilingüe e intercultural se elabore de acuerdo con las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro y tenga en cuenta las peculiaridades de la zona en la que se encuentre ubicado el mismo. La protesta cuenta con el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox, además de otras organizaciones que defienden la libertad de elección de la lengua vehicular. Y en el fondo de las críticas no sólo está el qué (la normativa), sino el quién está detrás de ella, el conseller Vicent Marzà, su partido, Compromís, y por elevación, el presidente Ximo Puig. A trazo grueso, las comparaciones con el modelo catalán están a la orden del día. En esta cuestión, cuando hablan los políticos, no hay matices.
Tras la convocatoria oficial de la protesta, a mediados de diciembre, la Conselleria de Educación lanzó una serie de medidas con el propósito de flexibilizar la aplicación de la nueva normativa. Así que ofreció a los equipos directivos de los centros la posibilidad de aplicar instrumentos de flexibilización, en función del nivel del valenciano de cada centro, y que ofertaran la posibilidad a los alumnos de poder hacer trabajos experimentales de adaptación.
La paradoja de la exención del valenciano
En todo este debate sobre la implantación progresiva de la Ley de Plurilingüismo hay un elemento esgrimido por todas las partes, y que no ha variado. Ni ahora, ni antes: la exención de la asignatura del valenciano. Los estudiantes de las zonas de predominio del castellano tienen derecho a pedir la exención de la asignatura del valenciano, como recoge la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. En estos momentos, la exención del valenciano tiene uno de los porcentajes más bajos en la Vega Baja: se estima que está entorno al 9% en Primaria y un 16% en Secundaria, donde es más alto porque los alumnos la piden en el último año para que no les perjudique en la nota para Bachillerato y la posterior prueba de Selectividad. Y claro, hay dos planteamientos sobre este particular. Por un lado, la FAPA Gabriel Miró defiende que no se pueden impartir asignatura troncales en valenciano al considerar que el alumnado no está preparado por ello, no es su lengua natal y, por lo tanto, sostienen que están en desventaja respecto a otras zonas. Y por otra, Educación cree que si la exención del valenciano es tan baja, no debería haber problema para impartir más asignaturas en esta lengua.
Pero ello tampoco ha convencido, ni a los convocantes, la FAPA Gabriel Miró, que no han asistido a ninguna de las convocatorias que ha realizado, bien la Conselleria de Educación en la Vega Baja, en diciembre, bien el propio PSOE, el pasado 15 de enero en el Ayuntamiento de Rafal. Ni tampoco a los alcaldes y concejales de PP y Ciudadanos que sí asistieron. Tampoco todos los alcaldes del PSOE se han mojado en la defensa de la aplicación de la iniciativa: no todos asistieron al encuentro con el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.
En el seno de algunos ediles socialistas hay preocupación, lo reconocen: nadie cuestiona la norma, pero tampoco la defiende con vehemencia en público. Consideran que la protesta no es sólo por el plurilingüismo, que hay más motivaciones, y confían en que cuando los consejos escolares elijan los porcentajes de cada lengua, en marzo, la espuma bajará. Desde las formaciones de la derecha discrepan: consideran que la tensión no bajará e irá a más como no haya rectificación del Gobierno valenciano. Y consideran, además, que la última reunión de Miguel Soler con los alcaldes fue más una provocación que una relajación de la tensión. ¿La razón? Dejó escasas opciones, por no decir, ninguna de modificar la legislación.
En cambio, el PP sí que ha intentado ofrecer la imagen de un frente común contra el texto normativo. Gobierna en la mayoría de los municipios de la Vega Baja. Pablo Casado visitó la comarca en diciembre y respaldó las movilizaciones; Isabel Bonig también lo hizo, y los alcaldes han hecho de correa de transmisión con los padres para centrar el foco en el mensaje de la imposición lingüística, más allá de los matices que puedan tener la norma; el poder de decisión del consejo escolar, que requiere dos tercios para aprobar una norma, o que en el pasado, la consellera popular María José Catalá, ya incorporara alguna asignatura troncal en valenciano en Primaria. La propia Catalá ha tenido que defender este viernes su gestión ante las críticas de Ciudadanos, que la sitúa en el origen de las asignaturas troncales en valenciano.
