ALICANTE. La Cámara de Comercio de Alicante ha asumido las tesis de un informe del profesor de la Universidad de Alicante Armando Ortuño que defiende la puesta en marcha de un sistema de peajes blandos en la autopista AP-7, en el tramo comprendido entre Alicante y València, que obligue a la futura concesionaria de la infraestructura a invertir 2.000 millones de euros en obras públicas pendientes o prioritarias. Ortuño sostiene que con esta cantidad, y con la inversión ordinaria de Fomento, de 200 millones al año, se obtendrían los 4.000 millones de euros en los que están cuantificadas las 10 obras prioritarias de la provincia de Alicante, y que forman parte del decálogo elaborado por la propia Cámara y la patronal CEV. La idea de la institución cameral es elevar ese informe ante el Ministerio de Fomento. Además, en este encuentro, se ha defendido que sí daría tiempo aplicar esa fórmula de peajes blandos en 2020, ahora con una gestión directa, tal y como se ha está haciendo en la segunda circunvalación de Alicante, y más tarde, con una licitación por 40 años. Pero como es ya sabido, la decisión del Gobierno es liberalizar la vía, medida que entra el vigor el 1 de enero de 2020.

Según ha expuesto Ortuño, esos 2.000 millones en obras que debería inyectar la futura concesionaria se podrían dedicar a cuatro obras que él considera prioritarias: el tren de la costa; el enlace ferroviario con el aeropuerto Alicante-Elche; la conexión entre Elche y la estación del AVE de Matola, y los enlaces directos a la autopista de Altea y Calp. 

El profesor de la UA parte de la idea de que el fin de concesión abre a la posibilidad de fijar unas nuevas condiciones, muy diferentes de las que se establecieron hace 40 años, cuando se construyó la infraestructura. Y esas condiciones podrían pasar porque sea el usuario de largo recorrido quien asuma el principal coste del peaje, tal y como ahora lo conocemos, y que el residente pague un precio con rebajas sustanciales.

A su juicio, de esta manera, sacarle partido a la autopista -que ya está amortizada- permitiría poder destinar parte de sus beneficios a la construcción de las obras públicas pendientes, en el caso de las comarcas de Las Marinas, muy necesarias, como sería la construcción del denominado tren de la costa, o mejores conexiones con la AP-7. "Al tratarse de una autopista propiedad del Estado sin ninguna obra nueva ni carga financiera relacionada con su ejecución, el peaje a aplicar por la concesionaria puede reducirse significativamente", defiende Ortuño, autor del estudio. "Obviamente, el Estado ya no tendría que soportar el gasto en mantenimiento y explotación de la AP-7, pues seguiría asiendo asumido en su totalidad por la nueva concesionaria, lo que, a su vez, le aportaría mayor liquidez presupuestaria para redirigir esa inversión hacia otras infraestructuras prioritarias", ha insistido.