ALICANTE. Después de varios días de debate sobre cuáles deben ser las amonestaciones que deben recibir los alcaldes y concejales que han recibido las vacunas contra la covid sin corresponderle, este miércoles, la Diputación de Alicante acoge la discusión sobre si finalmente el diputado del PP, Bernabé Cano, uno de los aludidos, debe dimitir, o basta con su destitución. Habrá cuatro mociones sobre la cuestión. Cada partido ha presentado una: la de PSPV y Compromís exigen la dimisión de Cano; Ciudadanos, el cese o dimisión, y el PP, el relevo de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y al secretaria autonómica, Isaura Navarro, por los errores en la campaña de vacunación, que, a su juicio, han provocado que se vacunara gente que no le correspondía.

Desde hace días, el debate era uno: la dimisión de Cano, y por extensión, la de los alcaldes de El Verger (Ximo Coll) y Els Poblets (Carolina Vives) y la del concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano. El quinto caso, el de la regidora de Dénia, Cristina Morera, ya no se dará por su dimisión.

Sin embargo, en los últimos días, e incluso, horas, han aparecido nuevos elementos que todo hace indicar que diversificarán el debate, o lo amplificarán, según se mire. Además de la dimisión o no de Cano, seguro que en el intercambio de golpes dialécticos se cuelan otros imputs: el hecho de que la propia conselleria de Sanidad, Ana Barceló, haya acotado las malas conductas de cargos públicos a nueve regidores, cuatro de ellos, en la provincia de Alicante, dos del PP (Cano y Galiano) y dos del PSPV (Coll y Vives); la denuncia administrativa del PP al portavoz socialista y alcalde de Alcoy, Toni Francés, por saltarse el cierre perimetral de la ciudad y desplazarse a su residencia de Penàguila; el hecho de que Salud Pública haya exculpado al alcalde socialista de RafelBunyol de haber recibido la vacuna, y por último las declaraciones de Fernando Simón recomendando que se suministre la segunda dosis a los que recibieron la vacuna de manera irregular.