ALICANTE. (EFE).- La Diputación de Alicante presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el acuerdo del Consell de 17 de junio de 2022 por el que se aprueba el Fondo de Cooperación Municipal, al verlo "inconstitucional" y "atentar" contra el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Este acuerdo, que se dictó en cumplimiento de la Ley 5/2021 reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana, obliga a la institución alicantina a aportar al Fondo 13,4 millones de euros en 2023.

Los servicios jurídicos de la Diputación han emitido un informe previo que concluye que el acuerdo "vulnera la Constitución y el Estatut de Autonomía" y, por ello, la Comisión de Hacienda propondrá al Pleno la interposición de un recurso con la intención de anular el acuerdo, "dado su carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante y, en consecuencia, de esta Diputación".

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha afirmado que la Diputación de Alicante "rechazó desde el primer momento el carácter obligatorio de este fondo y el camino de la imposición por el que ha optado el president de la Generalitat, Ximo Puig, a pesar de que desde la Diputación siempre ha estado abierta al diálogo". "Esta falta de consenso nos obliga ahora a tener que recurrir a los tribunales para defender la autonomía provincial que trata de socavar el Fondo de Cooperación", ha añadido Mazón, al tiempo que ha defendido el modelo impulsado por la institución alicantina "en el que se prioriza más en el reparto de las ayudas a los municipios más pequeños".

El informe del Área de lo Contencioso y Responsabilidad Patrimonial de la Diputación asegura que el acuerdo y la Ley del Fondo de Cooperación vulneran el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía y el 142 de la Constitución, que consagra el principio constitucional de suficiencia de las Haciendas Locales, no solo de los municipios sino también de las provincias.

Asimismo, el documento de los servicios jurídicos de la Diputación resalta que la norma del Consell "vulnera también el artículo 66.3 del Estatut, que prevé la coordinación de funciones propias de las diputaciones que sean de interés general de la Comunitat, por cuanto su único objeto es 'incorporar obligatoriamente a las diputaciones a la financiación del Fondo autonómico'", una obligación que atenta, a juicio del organismo, contra el artículo 59.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Todo ello redunda en una "palmaria infracción de la garantía institucional de la autonomía provincial", recoge el texto de la Comisión de Hacienda del organismo. Del mismo modo, el informe del área jurídica de la Diputación recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley del Fondo de Cooperación.

Los servicios jurídicos de la institución alertan de que la normativa del Consell "compromete el presupuesto provincial en una cuantía lo suficientemente importante para imposibilitar actuaciones enmarcadas en la competencia propia de la Diputación provincial de Alicante" y también "condiciona" la elaboración de su presupuesto.

Por todo ello, los servicios jurídicos aconsejan adoptar como medida cautelar la suspensión de la aplicación del acuerdo por los "inequívocos e irreparables perjuicios" que conlleva para la actividad de la institución