VALÈNCIA (EFE). El juez del caso Koldo, que investiga la adjudicación de una serie de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, considera que "a día de la fecha no existen motivos bastantes" para solicitar al Tribunal Supremo la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechaza la petición de la acusación que ejerce la asociación Iustitia Europa para que elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo con el objetivo de investigar al exministro socialista, que goza de aforamiento al ser diputado.

El juez explica que todavía se deben practicar varias diligencias de investigación, como la ronda de declaraciones de testigos e investigados prevista esta semana o informes policiales sobre el volcado de dispositivos intervenidos.

Por tanto, dice el magistrado, "a día de la fecha no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada" al Supremo, "sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro, como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción".

El magistrado acoge así el criterio que expuso el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que tampoco vio "suficientes indicios que pudieran amparar" al juez para pedir al Supremo investigar a Ábalos.

Lo que sí ha aceptado el juez es la petición de otra de las acusaciones, Liberum, de citar como testigo al director financiero y de control de Adif, Manuel Fresno, el próximo 16 de septiembre.

Esta misma semana el magistrado tiene previsto interrogar como investigados a dos ex altos cargos de organismos dependientes del Ministerio de Transportes: el ex director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.

También está prevista la declaración de diversos testigos, como el directivo de Globalia Javier Hidalgo o varios altos cargos de Puertos del Estado.

La última declaración programada, ya el 23 de septiembre, es la del ya exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente hace unas semanas.

La Fiscalía cree que los tres ex altos cargos investigados ejercieron "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas "sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.