VALÈNCIA. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó este martes el pliego de condiciones para la gestión de los 700 amarres de La Marina de València. Un proceso que llevaba pendiente desde 2016, después de que la Comisión Europea diera la razón a una denuncia de un puerto deportivo privado por competencia desleal al considerar que las ayudas recibidas del Estado por la dársena permitían que sus precios fueran más reducidos. 

El espacio náutico afectado estaba cedido al Consorcio Valencia 2007. Pero al hallarse el ente en proceso de liquidación, la secretaría de estado de Hacienda, que era la representación estatal en el consorcio, instó en su día al Puerto a sacar el concurso. Así, la APV recuperó el enclave y era la autoridad comptente para lanzar el concurso. 

Así, en el consejo de ayer martes, al que asistió la alcaldesa de València, María José Catalá, el órgano directivo acordó que los amarres -hasta ahora gestionados por el Consorcio Valencia 2007- por la ocupación de las instalaciones naútico-deportivas de la zona norte de La Marina se adjudicarán por un plazo de 35 años prorrogables en dos periodos hasta 50 años.