VALENCIA. Tina Turner, Sting, Carlos Kleiber… Era el recinto de lujo preferido por las estrellas. Allí se refugió el ex líder de The Police el día que se canceló el concierto que tenía que dar en Valencia, a finales de mayo de 1988; se recuperó de su laringitis pasando el día en la piscina. La misma piscina en la que se divirtió la selección de Irlanda del Norte antes de ganar a la de España en el Mundial de 1982. Y ése fue el alojamiento que le ofrecieron al difícil Kleiber en su mítico concierto de febrero de 1999 en el Palau de la Música, aquel que según se dijo entonces costó 40 millones de pesetas, 240.000 euros. Ya no queda nada de aquellos años de gloria. El edificio se cae a porciones de tiempo. Un trozo de la fachada se desprendió hace años y nadie lo ha reparado. Igualmente pasa con el cartel de entrada, donde irónicamente se puede leer ‘lujo’; le falta un fragmento. Los vecinos de las fincas cercanas van con sus perros a pasear por sus jardines exteriores, lo único que queda en pie de su pasado de glamour kitsch. Las pistas de tenis están abandonadas. En la esquina de una de ellas, dos sillas de plástico blancas, rodeadas de hojas muertas, miran a una red tensa con la que nadie juega ya. El Sidi Saler está agonizando.
Cada día que pasa está más cerca su derribo. La apuesta más segura es que el hotel Sidi Saler será historia en un plazo breve de tiempo. Las posibilidades de que siga en pie cuando comience la nueva década son mínimas, prácticamente nulas. Su destino, la piqueta, el mismo que el de su hermano alicantino, que ya ha sido desahuciado. No quedará de él más que un vago recuerdo y no será sustituido por nada. Es algo que se viene anunciando desde hace tiempo. La misma conformación del Govern de la Nau lo daba por seguro. Con una mayor protección del entorno y la Naturaleza, no casaba mantener un edificio así.
Desde que en enero de 2011 cerró y seis meses después pasó a concurso de acreedores, el hotel entró en una deriva legal y burocrática infernal que vaticinaba este mal final. Los trabajadores han acabado cobrando las indemnizaciones del Fogasa tras un largo via crucis. Los terrenos que ocupa son gracias a una concesión, y están situados dentro del dominio público marítimo terrestre, así que son propiedad del Estado. La entonces delegada del Gobierno en la Comunitat, Ana Botella, lo explicó en su día: La concesión es “a término” para ocupar esos terrenos, por lo que si no era viable "por razones empresariales” y no podía seguir adelante, ese espacio sería “recuperado para el espacio público marítimo-terrestre”. La concesión la da la Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está esperando las recomendaciones del Ayuntamiento de València.
