VALÈNCIA.- El uso del valenciano debería ser algo natural que no generase problemas. Y así es para la mayoría, según refleja el último barómetro de la Generalitat, en el que solo el 1,6% de los valencianos sitúa la lengua como uno de los tres primeros problemas de la Comunitat y solo el 1,3% lo considera un problema para sí mismo. Pero para los partidos políticos se ha convertido, otra vez, en un arma arrojadiza con la que ganar votos en las elecciones de 2019. Para unos, la gestión de la Generalitat es ideológica, nacionalista, que toma como espejo a Cataluña y Baleares; para otros, la apuesta por el valenciano se queda corta; la comunidad educativa anda desconcertada, y los empleados públicos y los aspirantes a serlo, expectantes. La ciudadanía, en resumen, observa con desconfianza en algunos casos y con perplejidad en otros la dimensión política y judicial que ha provocado la resurrección de la vieja batalla de la lengua.

El impulso político al valenciano, que Compromís llevaba en su programa, ha generado un problema donde no lo había. Todos los actores principales de este inusitado conflicto señalan el diálogo y el consenso para resolver discrepancias porque hay que preservar las dos lenguas oficiales e implementar la promoción y el uso del valenciano como acervo cultural y seña de identidad. Se necesita sentido común, naturalidad, proporcionalidad y trellat. Quizá por falta de pedagogía o por las prisas de la gestión política, algo de eso faltó en el caso del decreto de Plurilingüismo que el Consell quiso poner en marcha al inicio de este curso sin apenas capacidad de reacción para que los padres tomaran decisiones en pleno proceso de matrícula escolar. Los recursos que presentó la Diputación de Alicante (PP) provocaron que los tribunales suspendieran el decreto y el conseller Vicent Marzà decidiera retirarlo. El Consell aprobó después un decreto ley con una normativa que el PP anunció que recurriría ante el Constitucional.

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Un segundo campo de batalla político y, en este caso, sindical, es el de si en la nueva Ley de Función Pública el valenciano debe ser considerado un requisito o solo un mérito en las oposiciones. El anteproyecto establece como requisito la capacitación del valenciano en todos los casos, con alguna excepción como el sector sanitario. Antes se admitía el acceso con la calificación de mérito y solo era requisito en educación y en los puestos de atención al público.

Y un tercer escenario para la batalla es la Oficina de Derechos Lingüísticos aprobada el pasado mes de noviembre para «velar por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana». Desde el Consell se asegura que es un organismo necesario para resolver conflictos, que solo mediará y nunca será punitivo. Pero su puesta en marcha ha acabado en los tribunales, donde el PP ha presentado sendos informes del Consell Jurídic Consultiu y de la Subsecretaría de Presidencia que cuestionan su legalidad.