Urbanismo insta al Puerto a aportar informes jurídicos sobre la autorización de los graneles

ALICANTE. Suma y sigue en el expediente sobre los permisos para el movimiento de graneles en el Puerto de Alicante. El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), giró ayer un escrito de respuesta a la Autoridad Portuaria por el que le concede un plazo de 15 días para que aporte los informes jurídicos emitidos por Puertos del Estado y por la Abogacía del Estado en los que, según se explicó en el consejo de administración del Puerto de septiembre, se dejaría constancia de que es cada una de las empresas que ejercen esa actividad (la carga, descarga, transporte y almacenaje de materiales pulverulentos) y no el Puerto quien debe solicitar la licencia ambiental que la ampare.

Como publicó Alicante Plaza, esos informes contradicen las conclusiones de otros dictámenes emitidos por la Abogacía de la Generalitat y por los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo en los que se apunta que es la Autoridad Portuaria quien tendría la responsabilidad de solicitar ese permiso, ya que había sido quien se había identificado como titular de esa actividad al pedir una autorización previa directamente relacionada con los graneles (la autorización de emisiones a la atmósfera).

Fue, precisamente, a la vista de esos informes cuando Urbanismo requirió a la Autoridad Portuaria a demandar esos permisos para regularizar la actividad en un plazo de un mes, con el recordatorio expreso de que la legislación le facultaba a decretar la suspensión de esos movimientos de graneles. Así, lo había comunicado la Conselleria de Medio Ambiente al Ayuntamiento con carácter previo. 

El consejo de administración del Puerto acordó, sin embargo, recurrir ese decreto por el que se le instaba a pedir los permisos municipales. En ese recurso, la Autoridad Portuaria solicitaba además que el decreto se dejase en suspenso. Urbanismo desestima ahora esa petición, al considerar que el decreto en sí no supone ningún posible perjuicio de imposible o difícil reparación para la Autoridad Portuaria, puesto que únicamente se le emplaza a solicitar licencia. En ese requerimiento, según Urbanismo, sólo se comunica al Puerto que, si no se regulariza la actividad de los graneles, el ayuntamiento está facultado para suspenderla. Pero "esa suspensión no se ha producido y, por tanto, no es susceptible de causar los perjuicios que la Autoridad Portuaria alega", según reza el escrito de réplica de la concejalía.

Las denuncias y los controles

En el transfondo del cruce de escritos, al margen del funcionamiento supuestamente irregular (sin permiso) durante cerca de 20 años que forma parte de unas diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía a instancias de una denuncia vecinal, se sitúan los supuestos efectos contaminantes perjudiciales para la salud pública que algunos colectivos de residentes del entorno, como la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, atribuyen a la difusión de partículas que se genera a partir del movimiento de esos materiales.

La Autoridad Portuaria mantiene que a lo largo de los últimos años ha adoptado una batería de medidas preventivas para reducir y minimizar posibles molestias y, además, sostiene que todos los controles y mediciones llevados a cabo hasta ahora demuestran que no se superan los límites legales de emisión de partículas a la atmósfera. Esgrimen, además, que los informes de salud laboral de los operarios que ejercen esa actividad también constatan la ausencia de efectos nocivos. Como adelantó Alicante Plaza, la Autoridad Portuaria ha cerrado un convenio con la Universidad de Alicante (UA), una institución externa de reconocido prestigio, para que lleve a cabo un seguimiento de esas emisiones durante un año y se pueda certificar así con un estudio independiente que realmente no se supera el límite legal.