Máximo Buch.VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acumulado tres procedimientos iniciados tras varias querellas de Antonio Aynat, consejero delegado del grupo valenciano Gedesco, contra Máximo Buch, empresario y exconseller de Economía del Gobierno de Alberto Fabra.
Instrucción 18 fue el que primero recibió una de las querellas, tras la cual abrió diligencias de investigación. Motivo por el que ahora también incorporará el resto, que estaban en otros juzgados. Por el momento, el juez ha citado a Aynat para que ratifique todos los hechos que expuso en sus escritos y por los que acusa a Buch y a su socio Ernesto Bernia de delito de falsedad documental en documento público, oficial y mercantil; administración desleal; delito societario de falsedad documental societaria; delito societario de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo; delito societario de denegación de derechos a los socios; delito de estafa, de apropiación indebida en la modalidad de administración desleal; y delito de corrupción entre particulares. La querella se dirige igualmente contra cuatro mercantiles.
El origen de la disputa fue la operación de adquisición, por parte de Gedesco, de Stator Management, un fondo de inversión de Buch dedicado a impulsar a empresas de cualquier sector en su fase de crecimiento (firmas consolidadas, no startups). Algunas de las sociedades que forman parte de ella son Grupo Lantania, Faus International Flooring o Niu Sistemas Constructivos. Entre los inversores iniciales de Stator se encontraba, a título personal, Aynat.
De acuerdo con el relato de hechos de este último, el pasado 11 de noviembre Gedesco adquirió la condición de propietario del 100% de las participaciones sociales de Stator en virtud del ejercicio de un derecho de opción de compra. A continuación, comunicó a Buch y su socio sus ceses y su sustitución como miembros del órgano de administración.
Buch, sin embargo, se opone a reconocer la adquisición. Según explicó en su momento preguntado por este asunto, existía un procedimiento pactado con el consejero delegado del grupo valenciano que éste se saltó. Así, comentó que se incumplieron las condiciones de la transacción pese a que estaban firmadas y, por lo tanto, la operación no era válida.
Aynat expone en una querella cargada de graves acusaciones que, tras la operación del día 11, acudió el 14 de noviembre a las oficinas de Stator en Valencia para tomar posesión de las instalaciones, pero le fue negado el acceso por parte de un guardia de seguridad. Horas más tarde, los abogados de Gedesco, acompañados de un notario, volvieron a trasladarse al lugar para exigir lo mismo. Pero el seguridad tampoco les permitió pasar manifestando que tenía instrucciones de los propietarios de la sociedad. En ese momento, dice el denunciante, los allí presentes se percataron de que habían sido retiradas las placas y signos identificativos de Stator.
Tras ello, expresa Aynat, se pudo comprobar que la titularidad de los números de teléfono y dirección de correo electrónico corporativas de Stator había sido modificada, siendo su nuevo titular la mercantil Sauce Capital (perteneciente también a Buch).
Se pusieron entonces en contacto con la empresa encargada de los sistemas informáticos de Stator, que les comunicó que el alojamiento del servidor había sido migrado a Sauce días antes de la compra de la primera. Asegura la denuncia que, adicionalmente, establecieron comunicación con los trabajadores de Stator y les comentaron que habían recibido instrucciones de abandonar las instalaciones y coger vacaciones. Todo ello fue denunciado ante la Policía Nacional.
La querella prosigue con que el día 17 de ese mes Buch compareció ante notario para manifestar que su cargo de administrador y las facultades de representación estaban vigentes y que no había variado la capacidad jurídica de Stator. Junto a ello aportó el informe de titularidad de personas jurídicas y elevó a púbico los cambios realizados en la Junta General Extraordinaria de Stator de aquel mismo 11 de noviembre: que por decisión de la socia única, Moving Targets, se procedió al cese de los cuatro miembros del Consejo de Administración –entre ellos Buch y Bernia–; se cambió el órgano de administración y se nombró administradores solidarios a Buch y Bernia; y se cambió el domicilio social.
Este movimiento, de acuerdo con la querella, es el constitutivo de delito porque estaba dirigido a aparentar que seguían siendo administradores de Stator ante el conocimiento de la venta a Gedesco y del hecho de que hubieran sido relevados en sus cargos. Aynat acaba asegurando en la querella que el objetivo final de todo ello era la venta de la mercantil Lantania, de la que Stator es dueña del 50,9%. El precio de dicha operación, dice, superaría los 100 millones de euros.
Buch, que siempre ha circunscrito estas acusaciones a una denuncia chantaje para perjudicarle y desprestigiarle, confía en que el juzgado vea lo insostenible de la querella tras estudiarla.
