Un grupo de visitantes, en el castillo de Santa Bárbara. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El grupo municipal de Unides Podem EUPV en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado una iniciativa para su debate en el pleno de octubre en la que plantea al resto de partidos representados en la corporación que apoyen la gratuidad de acceso a los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, ante la posibilidad, todavía no anunciada de forma oficial, de que se implante una tasa o precio público a modo de entrada para poder visitarlos.
Portavoces oficiales de la confluencia han precisado, a través de un comunicado, que los dos baluartes "forman parte de la idiosincrasia alicantina. Son lugares frecuentados en los que la gente acude a pasear, contemplar las vistas, y disfrutar de un entorno agradable".
Así, la confluencia considera que "el sentir mayoritario de la ciudadanía es poder seguir accediendo a los monumentos sin tener que abonar dinero a una empresa privada". De ahí que el portavoz municipal de la confluencia, Xavier López, haya advertido de que "el hecho de pagar por acceder a un elemento que es patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad, es como si nos obligasen a pagar por utilizar la terraza de nuestra casa".
López considera que "la privatización de los castillos no puede suponer que la ciudadanía tenga que pagar por acceder a ellos, de la misma forma que sería una barbaridad que alguien cobrase entrada para pasear por la Explanada". La coalición considera "un despropósito la medida, y buscará el apoyo del resto de grupos del pleno para garantizar que ningún alicantino o alicantina tiene que pagar a una empresa privada para acceder a un patrimonio que también es suyo", según añade el comunicado.
En este sentido, López insiste en que "el bipartito está impulsando políticas que pretenden despojar a los alicantinos de su derecho a acceder a servicios públicos de calidad y que, además, ha iniciado una nueva ola especulativa con los edificios protegidos de la ciudad". Para el portavoz, "el gobierno de Barcala pretende que una empresa privada saque beneficio del patrimonio público y a costa de quiénes son, en última instancia, sus legítimos dueños, la ciudadanía alicantina".
La coalición buscará el apoyo del resto de partidos del pleno, ya que considera que "el rechazo social, si se diese la situación de tener que pagar para entrar a los monumentos sería una cuestión trasversal, que va más allá de las adscripciones políticas".
