Unidas Podemos lleva al Congreso el rechazo a la ordenanza de convivencia de Alicante

ALICANTE. Unidas Podemos eleva la polémica ordenanza de la vergüenza recientemente aprobada  al Congreso de los Diputados. La coalición ha anunciado este viernes el registro de una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pide "colaboración a las distintas administraciones para que no se aprueben normas que criminalicen a las personas más vulnerables, en particular aquellas en situación de exclusión social, sin acceso a una vivienda, migrantes, refugiadas o víctimas de trata", según han indicado fuentes de la confluencia a través de un comunicado.

El diputado por Alicante del grupo Confederal de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha explicado que "la ordenanza municipal que ha aprobado el Ayuntamiento de Alicante y que pronto entrará en vigor ha generado una cierta alarma a nivel estatal. Que una de las corporaciones de una de las ciudades mas importantes del país, se decida a legislar abiertamente en contra de las personas pobres y más vulnerables, preocupa en el conjunto del país". Guijarro ha calificado la citada ordenanza de "cruel e injusta, y abiertamente inútil e ineficaz". "¿Cómo van a hacer frente a las multas personas que viven en la calle porque no disponen de ingresos?", se ha cuestionado.

Por su parte, el portavoz municipal, Xavier López, valora positivamente la PNL y se pregunta "¿cuántas viviendas sociales ha construido Barcala?, ¿Cuál es el plazo de demora para una cita con una trabajadora social, cuantos expedientes de ayuda tiene Llopis sin resolver? ¿Cuántos centros de atención a personas vulnerables han creado?¿que lista de espera tiene el centro de acogida y cuantas personas se quedan en la calle esperando una cama en la que poder dormir?".

López advierte de que "ésta ordenanza criminaliza a las personas que no tienen casa en Alicante y persigue a las mujeres víctimas de la trata, la norma es a Alicante lo que el acuerdo PP -Vox en Castilla y León, Barcala se ha convertido en un radical y ha asumido la agenda contra los derechos sociales que le ha impuesto Ortolá".

El texto de la PNL señala que tanto la Constitución española como la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea "establecen el marco fundamental  en lo que concierne la dignidad de las personas y sus derechos, ante cualquier tipo de discriminación. En concreto, se referencia el artículo 10 de la Constitución española, que recoge la dignidad humana en los siguientes términos:

"1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

ç2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

Además, la iniciativa hace referencia al artículo 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que cuenta con el siguiente redactado: "Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".