El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA. El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por profesores de las universidades de València, Extremadura y la Rey Juan Carlos I de Madrid, concluye en un informe que el incremento de la base de cotización máxima un 8,6% y de la pensión máxima, que entró en vigor el pasado 1 de enero, "no va a mejorar significativamente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que parece que era uno de los objetivos de la reforma actual".
Además, señalan que, junto a esa mejora no significativa, producirá perjuicios como la reducción de la equidad intergeneracional, el perjuicio para los cotizantes a los que se ha subido la base y que no lo verán compensado en su pensión y la elevación de los costes laborales, que "tiene muchas posibilidades de incidir negativamente en la oferta agregada de empleo, en un país con una muy elevada tasa estructural de desempleo".
El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social está formado por los profesores de la Universitat de València Enrieque Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu; por Inmaculada Domínguez y Borja Encinas, de la Universidad de Extremadura, y por Miguel Ángel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos I.
En cuanto al primer punto, los expertos señalan que la subida de la base máxima impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supondrá en 2050 un incremento de ingresos de 0,2 puntos de PIB, mientras que la subida de la pensión máxima representará un incremento del gasto en ese mismo año de 0,025 puntos de PIB. El resultado neto supondrá, como máximo, un saldo favorable de 0,174 puntos de PIB en 2050, cantidad muy alejada del déficit que se estima, como consecuencia de la revalorización con el IPC, en torno a 2,5 puntos de PIB en ese mismo año. Por tanto, el impacto de ambas medidas sobre la sostenibilidad financiera del sistema es mínimo.
Según los expertos, parece claro que las medidas empeoran la contributividad del sistema y, sobre todo, la equidad intergeneracional, por la mayor velocidad de incremento de la base de cotización máxima que de la pensión máxima. Algo que también va en detrimento de la cuantía de la pensión que van a recibir los que coticen por bases altas. "El pago de una cotización sin recibir prestaciones a cambio elimina su carácter de salario diferido, y se convierte en el equivalente a un impuesto adicional al IRPF", explican los expertos.
El incremento de la base de cotización máxima también tendrá efectos colaterales, ya que la base de cotización se utiliza no solo para calcular la pensión de jubilación, sino también las prestaciones de incapacidad, viudedad, orfandad, favor de familiares y otras contingencias comunes y profesionales, donde es más difícil, excepto en incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, que se alcance la pensión máxima. Esto se traduce, según los expertos, en que un incremento de la base de cotización máxima también generará, en aquellos individuos con salarios altos, un incremento del gasto en pensiones y otras prestaciones contributivas que es difícil de cuantificar. "Por lo tanto, el pequeño ahorro en el gasto será incluso menor que el que hemos calculado", concluyen los autores del informe.
Otro efecto colateral es que el destope de las bases máximas supone para las empresas una elevación de los costes laborales que, según estos expertos, "tiene muchas posibilidades de incidir negativamente en la oferta agregada de empleo en un país con una muy elevada tasa estructural de desempleo".
Como conclusión final, los autores del informe critican que "parece cerrarse la reforma del sistema de 2021 y 2022, con un balance de incremento muy importante del gasto (debido sobre todo a la revalorización de las pensiones con el IPC) sin una contrapartida en cuanto a incremento relevante de ingresos ni reducción significativa de gastos; con lo que se mantiene la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea".
