SAN MIGUEL DE SALINAS. Unas 3.000 personas se han manifestado este domingo contra el proyecto de la planta fotovoltaica proyectada por el Ministerio de Transición Ecológica en San Miguel de Salinas para dotar de energía a la desaladora de Torrevieja. Según han denunciado los manifestantes, este proyecto de planta solar lleva 13 meses de tramitación; sin embargo, ha sido conocido por los principales afectados y por la población en general hace apenas quince días a través de la consulta pública de afección al paisaje del anteproyecto de la planta. "Resulta inadmisible que una operación de tamaña envergadura, que dañará la economía, el paisaje, el medio ambiente y la cultura del municipio se haya gestado a espaldas de la población", denuncian los residentes.
La macroplanta solar de más de 200 hectáreas en San Miguel de Salinas abaratará en 4 céntimos el coste energético del m³ de agua desalada que, fundamentalmente gasta la agricultura y que se destinará a la agroindustria; pero "supondrá la pérdida de unos beneficios anuales de 4,5 millones de € para los agricultores de aquí", exponen los vecinos.
A juicio de los manifestantes, "supondrá una estocada mortal, un jaque mate a la economía de pequeños empresas y negocios de una generación de jóvenes agricultores de la localidad, de aquellos que trabajan la tierra con sus manos y que, contra viento y marea, han enfocado su proyecto de vida para vivir con el fruto de su trabajo en la tierra. Unos cultivos que datan de 1918, y que, por cierto, tienen un derecho consuetudinario al agua, declarados como regadío tradicional en 1974 y como zona regable de interés nacional en 1975".
Estas obras, subvencionadas con fondos Next Generation, tienen como requisito fundamental para su financiación el tránsito de su consumo energético hacia las energías renovables; por lo que, la planta solar es condición sine qua non para su financiación; pero se cortarán miles de árboles, que son el sumidero natural de carbono, cuando el objetivo de la macroplanta es precisamente reducir el carbono que se emite a la atmósfera, labor que realizan gratis los árboles desde el principio de los tiempos.
Por todo ello, los manifestantes hacen un llamamiento a la solidaridad para parar este desastre y reclaman a las administraciones públicas a nivel local, autonómico y estatal desde el ámbito de sus competencias, a todos los niveles para que "no dejen tiradas a la población y a las familias de agricultores ante tamaño desatino". Apelan, también, a las organizaciones agrarias profesionales agrarias y a las comunidades de regantes les pedimos que, en bloque, apoyen y manifiesten públicamente su rechazo a esta iniciativa.
Y a todos los vecinos y vecinas del pueblo de San Miguel y de pueblos vecinos a título individual y a la sociedad civil, a todos los colectivos sociales de los que formen parte: clubes deportivos, cofradías, grupos festeros, comerciantes, asociaciones, el colectivo educativo pedimos unir fuerzas y su apoyo para parar este disparate.
