ALICANTE. La empresa Toma Consultores SL, junto con su apoderado Eduardo María Martínez Fuster, ha interpuesto una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Elche contra Ilitia Mediterránea SL y sus representantes Santiago Pomar Milvaques y Laura Chazarra Cámara. La acción judicial se fundamenta en presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, además de los impagos que asegura la empresa ha sufrido.
La querella, presentada por el procurador Pascual Moxica Pruneda y redactada por el abogado penalista en representación de Toma Consultores SL, describe detalladamente una serie de acciones supuestas fraudulentas llevadas a cabo por los querellados. Según la denuncia, los hechos se iniciaron en septiembre de 2022, cuando los acusados, a través de la empresa Ilitia Mediterránea SL, habrían contactado con Toma Consultores SL bajo la falsa premisa de establecer una relación contractual legítima y duradera.
El documento judicial señala que Ilitia Mediterránea SL, dedicada a la gestión de instalaciones deportivas, habría utilizado su posición para, supuestamente, engañar a Toma Consultores SL y obtener servicios sin intención de efectuar los pagos acordados. Entre las actividades contratadas se incluían la elaboración de planes de relaciones públicas, organización de eventos, estrategias de marketing, y servicios de prensa y comunicación, entre otros.
La querella detalla que tras el pago inicial de 600 euros más IVA en junio de 2023, Ilitia Mediterránea SL dejó de abonar las facturas sucesivas, alegando problemas técnicos con el sistema de pago SEPA. A pesar de los reiterados intentos de Toma Consultores SL para regularizar la situación, los impagos continuaron, generando una deuda considerable.
Ante estos hechos, Toma Consultores SL ha solicitado al Juzgado la adopción de medidas cautelares, incluyendo la fianza y el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda acumulada, que asciende a 20.321,95 euros. Además, se ha pedido la declaración de los querellados y la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que respalden las acusaciones.
Eduardo María Martínez Fuster, apoderado de Toma Consultores SL, ha manifestado su profunda preocupación por los daños económicos y reputacionales causados por esta situación. "Confiamos en que la justicia esclarecerá los hechos y se tomarán las medidas necesarias para resarcir los perjuicios sufridos", declaró. Queremos hacernos eco del problema generado a multitud de empresas a las que presuntamente han estafado de la misma forma, además de mas de un centenar de afectados laboralmente a los que se ha dejado de pagar sistemáticamente sus salarios. Denunciamos también el desvio constante de capital y la practica de utilizar testaferros para salir indemnes de las presuntas acciones criminales que estarían llevando a cabo.
No es la primera vez que Ilitia Mediterránea se ve envuelta en una polémica de este tipo. Sin ir más lejos, a finales del pasado año, fue desahuciada de la pisicina de Calp por parte del ayuntamiento, que le había adjudicado la gestión. Al parecer, el incumplimiento del pliego y los impagos llevaron al consistorio a adoptar esa decisión. También a finales de años, Ilitia se adjudicó la gestión de varias cantinas en institutos y universidades, donde se generaron quejas por impagos que tuvo que resolver meses después. En ese momento, la empresa se encontraba en causa de disolución legal por tener un patrimonio neto negativo. El Ayuntamiento de Elche también le rescindió el contrato de la cantina de la Jefatura de la Policía Local, el pasado mes de febrero.