Imagen de archivo de la fachada de las instalaciones del Club Máximo. Foto: APORIHUELA. Una empresa de reciente creación ha iniciado los trámites para la reapertura de lo que durante 20 años ha sido el Club Máximo en Orihuela, donde la Policía Local y Policía Nacional certificaron en el marco de una serie de intervenciones en la primavera de 2020 que en ese establecimiento se ejercía la prostitución. Tampoco cumplía con las licencias correspondientes para desempeñar la actividad sobre la que se había registrado: alojamiento y cafetería. El establecimiento, ubicado junto a la N-340 y al polígono industrial Puente Alto de Orihuela, fue clausurado a finales de diciembre de ese año.
El grupo municipal Cambiemos denuncia que el área de Urbanismo haya admitido a trámite la declaración responsable de la empresa de uso hostelero estando el establecimiento ubicado en una parcela de suelo industrial, por lo que es incompatible con la actividad. Además de la tramitación por la vía municipal, la mercantil ha solicitado la Declaración de Interés Comunitario (DIC). En ella se refleja que la actividad a desarrollar es de “alojamiento y servicio de cafetería complementario”. La empresa presentó toda la documentación y el 22 de octubre del pasado año, el Ayuntamiento le requirió que presentara la declaración responsable. Días después, la representante de la empresa respondió a ese requerimiento indicando que la solicitud de certificado de compatibilidad urbanística que se presentó con el resto de la documentación “no sea tomada en consideración” por la Administración.
“Este trámite es preceptivo y necesario antes de solicitar la licencia de apertura y, en la Concejalía de Urbanismo también son conocedores de ello. Han admitido a trámite una solicitud de licencia de apertura, que no puede cumplir con los requisitos legales requeridos” expresaba el edil de Cambiemos, Javier Gracia, en un comunicado. La formación viene denunciando desde hace tiempo la situación en la que se desarrollaba esa actividad.
La empresa que estaba al frente del establecimiento ya presentó en 2015 y 2018 declaraciones responsables al Ayuntamiento y una DIC ante la conselleria. Todas esas figuras fueron inadmitidas. A mediados de diciembre de 2020, el grupo municipal acusaba a los responsables de Urbanismo de “inacción” ante las infracciones interpuestas a la empresa. En una serie de intervenciones, la policía reflejó que “el objeto del negocio es el amparo del ejercicio de la prostitución”.
En esas inspecciones que se iniciaron en mayo de 2020 también se corroboraron que las actividades que se desempeñaban, desde 2001, se hacía sin licencia. Además se levantaron actas por incumplimiento de la normativa sanitaria por la covid-19. Tras solicitar la información pertinente desde Urbanismo para autorizar la clausura del establecimiento y pasado el periodo dado a la empresa para alegar, finalmente a finales de ese año Urbanismo notificó el cierre del local. Cinco meses después, en mayo de 2021, se crea una empresa, con sede en Murcia, y que ha sido quien está tramitando la reapertura.
